Cuando la realidad supera la ficcción-3

La normativa dice de forma muy clara que, la conservación de toda la infraestructura urbanística, calles, zonas verdes, redes de alumbrado, red de distribución de agua, red de saneamiento, etc., consecuencia del desarrollo urbanístico es responsabilidad del Ayuntamiento. Sin embargo esa misma normativa da cabida a que sean los particulares los que realicen o colaboren en esas funciones, creando una entidad urbanística colaboradora, la entidad de conservación. Ver artículos 24 a 30 y 67 a 70 del Reglamento de Gestión Urbanística. Entonces, ¿cómo se encaja todo esto?, ¿cómo se puede entender esta maraña legislativa cuando además, los servicios que soportan esas infraestructuras son servicios que, según la ley de Bases del Régimen Local, artículos 25 y 26 (legislación básica), son obligación exclusiva del Ayuntamiento?.

Sea quien fuere el agente urbanizador, Ayuntamiento, Junta de Compensación o la Asociación de Propietarios, se ha debido seguir, casi siempre, el proceso urbanizador:
Primero, urbanizar, por el agente urbanizador,
Segundo, recepcionar esa urbanización, por el Ayuntamiento,
Tercero, edificar, por el promotor, cuando los suelos son solares,
Cuarto, dar la licencia de uso de esas edificaciones, por el Ayuntamiento.
A ese vecino que ocupa ese edificio el Ayuntamiento está obligado a darle los servicios básicos.

Es cierto que el propio planeamiento urbanístico (el plan parcial) puede imponer la obligación de creación de la entidad de conservación para los propietarios del suelo pero como dice el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento, esta obligación debe estar limitada en el tiempo. Es decir no puede crearse la entidad de conservación con el carácter de indefinido, tal y como ocurre con las actuales entidades de conservación. En este sentido el Tribunal Supremo establece en sus múltiples sentencias que los tiempos deben estar limitados, en principio, a la consecución de la consolidación de la edificación en el ámbito espacial, es decir a que se consiga la edificación del 50 % del ámbito y en cualquier caso a 5 años de duración.

Según todo lo anterior, ¿por qué crear de forma obligatoria estas entidades de conservación? En todo el proceso urbanizador definido en la normativa hay un problema no solo de competencias sino también de costes. En la fase de edificación se hace uso de las infraestructuras, viales, aceras, agua, luz, de forma intensiva y además algunas de esas infraestructuras sufren el uso de maquinaria pesada. Parece obvio que cargar a la Administración con los fuertes costes de mantenimiento que estas actividades llevan consigo sería hacer que ésta corriera con unos costes que parece lógico son propios de la actividad de edificación y no de la Administración. Por esto es normal que, y así lo recoge la normativa, esos agentes urbanizadores una vez recepcionada la urbanización se constituyan en entidades de conservación cuyo fin deberá ser el mantenimiento de las infraestructuras hasta el momento de que el Ayuntamiento dé las correspondientes licencias de ocupación de esos edificios, o dicho de otra forma hasta el momento en que el Ayuntamiento deba empezar a dar los servicio básicos a sus ciudadanos.

Por tanto, se deben entender las entidades de conservación como entes que deben colaborar con el Ayuntamiento en el mantenimiento de las infraestructuras de titularidad municipal, en una determinada fase. En contraposición con esta idea resulta sorprendente el lenguaje que se emplea por parte de los gestores del ayuntamiento: Se les oye decir, “el ayuntamiento colabora con las entidades de conservación”. Precisamente todo lo contrario de lo que dicen los estatutos de estas y la razón de su creación. En Valdemorillo se invierten los términos de forma claramente torticera, con una lectura perversa de la citada legislación y el contenido de las obligaciones creadas en los propios planes parciales. Se invierte el sentido de la colaboración y se confunde de forma intencionada e interesada lo que es una urbanización privada con lo que es una urbanización creada por iniciativa privada.

Todo este proceso, que parece complicado por la serie de obligaciones que se generan, tiene una alternativa legislativa: ¿por qué no edificar simultáneamente a la construcción de las infraestructuras? La ley lo permite, articulo 19.3 de la ley del suelo de la CAM. Pero para ello se debe afectar todo el suelo a la garantía de ejecución de la urbanización y además se debe incluir el compromiso de no usar las edificaciones hasta tanto no esté finiquitado el tema de los servicios básicos. En este supuesto no tiene ningún sentido, y difícil soporte legal, la obligación de crear la entidad de conservación. No obstante, para este caso, existe la posibilidad de la constitución de la entidad de conservación por la libre voluntad de todos los propietarios o vecinos, pero eso sí, la voluntad debe ser de todos.

Como conclusión y apelando al titulo, la realidad que se vive en Valdemorillo, en relación con los desarrollos que no están asociados a los servicios establecidos sobe la base de los existentes en el casco urbano, es que no se han completado las urbanizaciones, y/o éstas no se han recepcionado, y/o no se han establecido las garantías precisas y/o éstas se han liberado inexplicablemente, y/o las Juntas de Compensación siguen haciendo las tareas de conservación, y/o las entidades de conservación creadas con el carácter indefinido invaden las competencias del Ayuntamiento sin que medie convenio que lo regule. Inaudito. Pero aún lo es más si para ello se apela a la creación de comunidades de propietarios que no tienen soporte legal sobre elemento objetivo alguno.

¿Qué hacer en esta situación totalmente irregular que vivimos en Valdemorillo? Dejar, dar paso, exigir al Ayuntamiento  que cumpla con sus obligaciones legales determinadas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases del Régimen Local.

LHR

       

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