Sobre los servicios y los colegios profesionales

El 22 de diciembre se aprobó en el parlamento la transcripción de la directiva Bolkestein (Directiva 123/2006/CE).Esta Directiva tiene su origen  en un informe de la Comisión Europea, que presentó julio de 2002 sobre el estado del mercado interno de servicios.

La opinión de UE al respecto es que la integración de dicho mercado se encuentra muy alejada de disfrutar plenamente el potencial del crecimiento económico. La directiva Bolkestein pretendía liberalizar la circulación
de servicios dentro de la Unión Europea, ya que los servicios representan el 70% del empleo en Europa, y su liberalización, en opinión de algunos economistas, aumentaría el empleo y el PIB de la Unión Europea. La directiva Bolkestein se inserta en el contexto de neoliberalizacion de la Agenda de Lisboa.

Dentro de la ley Ómnibus se establecía por primera vez una liberalización del mercado de servicios y cuestionaba por primera vez una desgracia que tenemos en esta país que se denominan Colegios Profesionales, cuyo interés no es el bien y el avance de nuestra nación sino el bien y el avance de sus colegiados. España es un país en el cual existe una cosa que es desconocida en el mundo avanzado que se denomina  Visado y que da lugar a una
superestructura de absoluta ineficiencia tanto a nivel de atribuciones de proyectos como de requerimientos de los mismos por parte de nuestras autoridades sean locales, autonómicas o estatales. En los países civilizados este concepto no existe y por tanto no existe el concepto que va ligado a los mismos como son los requerimientos ya comentados.

Desgraciadamente nuestro gobierno, una vez más, incapaz de tomar decisiones que mejoren nuestro nivel de competitividad, ha incumplido el mandato del parlamento de establecer esta nueva situación. Podría pasar que tuviéramos que dar las gracias a discutibles Agencias de Rating como Stantardad and Poor de que nos forzarán por la vía del rating a que nuestro diligente gobierno tomara de una vez por todas decisiones, y pasará de intereses corporativos que solo benefician a sus asociados pero no al país.

La existencia de las atribuciones de los colegiados en los Colegios Profesionales españoles es una anomalía que debe de eliminarse por el bien del país. Países tan atrasados como Alemania, Dinamarca Suecia etc… viven, y parece que con niveles de calidad altos, sin estas atribuciones. Es verdaderamente lamentable que a fecha de hoy se siga sin resolver esta situación, y de paso la situación de profesionales en nuestras administraciones que a veces de forma discrecional administran licencias
etc.

¿Por qué tenemos que pagar estructuras que han demostrado su absoluta ineficacia y que no han servido en la mayor parte de los casos para gestionar situaciones que administran tales como emplazamientos, a cambio
de regulación?

Tenemos estructuras, tenemos leyes y tenemos sonrojantes infracciones que no tienen consecuencias, pero eso si, pagamos estructuras, profesionales en nuestras administraciones que son incapaces de gestionar estas situaciones.

Mi provocativa respuesta es que deje de existir de forma inmediata la ley de atribuciones profesionales mediante la cual un profesional se hace cargo de un proyecto que no ha realizado y que lo puede hacer en base a que la ley de atribuciones se lo permite. Nuestro país no se lo puede
permitir, no podemos permitir estos grados de ineficacia cuando no de incompetencia.

Espero que de una vez por todas, de igual forma que Bolonia nos encamina al modelo de la normalidad que nunca hemos tenido en el entorno universitario. Espero y exijo que finalice de una vez por todo este modelo
de atribuciones y que se imponga en nuestro  país un modelo similar al resto de países de nuestro entorno.

Tenemos, gracias a todo este modelo, un sistema que nos genera retrasos, costes, ineficiencias y situaciones de nulo valor añadido. Imaginémonos estructuras eficientes, por supuesto sin personal liberado a cuenta de presupuesto, que disminuyeran los tiempos y además fueran eficientes en la vigilancia y ejecución de la legalidad. Con un número
de trabajadores adecuados, no con una estructura de puestos de trabajo, que no se sabe en que principios organizativos se basan.

No podemos, no debemos y no tenemos dinero, para pagar estas ineficacias. El país ha llegado a su límite y nuestros partidos políticos deberían de tomar medidas que fueran creíbles y eficientes en su gestión de la cosa pública.

Yo comprendo las palabras de consenso, pero permítanme he votado para que alguien, el que sea, tome decisiones, y que las tome pensando en el bien de la nación y no pensando en que les tengamos que piropear por tomarlas. Hay decisiones que pueden ser muy duras pero es necesario, por el bien del estado tomarlas, tienen la legitimidad democrática, lo que no tienen son excusas. Como decía el Comisario Almunia estamos “en el tiempo de descuento”. Necesitamos una clase política eficiente y pragmática. Si no tienen estas características, por favor, váyanse, ustedes no se ganan el sueldo que le pagamos.

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