Dicen que vivimos en un Estado de Derecho

Dicen que vivimos en un Estado de Derecho, es decir que está basado en el imperio de la Ley, la cual sirve para regular la convivencia social o “gregaria” (no hay que asustarse de las palabras: gregario hace referencia a rebaño). Ahora bien yo me pregunto tres cosas que enunciaré a continuación y sobre las respuestas que a ellas corresponda fundamentaré toda esta exposición:

1º Para qué sirve una ley que no puede cumplirse, por imposibilidad de hecho.

2º Para qué sirve una ley que nadie es capaz de hacerla cumplir.

3º Para qué sirve una ley que es absurda y no resuelve ningún problema.

Es fácil elaborar leyes: basta reunir a un congreso de abogados y en un cuarto de hora (si hacen un esfuerzo) pueden llegar a redactar una y aprobarla con el número suficiente de votos: son los únicos números que entienden los legalistas. Ahora bien, ¿cómo responde esa ley a las tres preguntas anteriores?

Si una ley pretende resolver alguno de los problemas que tiene la sociedad que se gobierna, tiene que medir la aplicación de los recursos reales disponibles y en qué medida quedan resueltas las deficiencias que se querían acometer. Si hacemos unos presupuestos basados en datos erróneos, como la cantidad de recursos, la calidad de los mismos o la capacidad de ponerlos en funcionamiento es inútil elaborar cualquier ley: nunca saldrá agua del desierto, por más que los abogados regulen cómo beberemos dicha agua. Antes de ordenar los vasos, las jarras y los botijos, cómo repartirlos y cómo usarlos, si se ha de lavar las manos o no antes de beber, tenemos que saber dónde hay agua. Esto sirve para contestar a la primera pregunta y aplicarlo a nuestro país: no se puede distribuir una renta entre los componentes de nuestra sociedad si no hay renta ninguna, porque nadie pretende trabajar para conseguirla: todos los problemas pretenden que se resuelvan con aportaciones estatales, pero sin pagar impuestos; se quiere cobrar salarios del estado sin antes haber aportado ni una sola hora de su existencia para generar riqueza. La vaca no da leche si no se la alimenta. El Estado, con todos sus organismos centrales, autonómicos y locales, se ha sobredimensionado sin saber de dónde iba a ingresar los “dineros” que ello le iba a costar. La descentralización autonómica y local es muy bonita y hasta humana y justa: siempre que se pueda pagar. Todo nuestro ordenamiento de reparto de competencias es irrealizable en los tiempos actuales y no precisamente por la crisis sino, a la inversa, podemos preguntarnos hasta qué punto no ha contribuido ese ordenamiento a generarla: nos hemos creído que éramos ricos sin trabajar. La Constitución, tal como está definida, es inviable en este país de recursos escasos.

La segunda pregunta es más grave porque ataca a la capacidad de las personas para hacer cumplir la ley. Creo que es muy difícil que alguien pueda dar solución a la inviabilidad de algo (en este caso la ley) a no ser que disponga de la varita mágica para engañar a los demás de que algo se está resolviendo. Pero ya decían que, se puede engañar a muchos poco tiempo y a pocos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos permanentemente. El gobierno de este país ha quedado asignado, por la propia constitución, a los partidos políticos. Pero nadie se puso a pensar que un partido político es una organización formal y como tal responde a las reglas de las organizaciones; estas se guían por dos normas económicas, la de conseguir la eficacia en primer lugar y la de encontrar la eficiencia en su funcionamiento en segundo lugar. Por más que alguien (abogado) quiera discutirme que no hay diferencia entre la eficacia y la eficiencia, debemos entender que eficacia es conseguir un objetivo y eficiencia es conseguirlo con el mínimo coste de recursos o de tiempo. Y es que todos los problemas humanos se resuelven a base de hacer números: de qué me sirve pensar en el desarrollo sostenible si nunca podré medirlo a corto plazo, porque no habré podido poner en marcha el vehículo que me lleva a él por falta de energía. Antes de ponerme a andar debo poner a los bueyes delante de la carreta. Este lenguaje sirve para explicar que un partido no funciona con afiliados sino con afiliados útiles, que busquen la eficacia y la eficiencia del mismo y no que pretendan obtener todas las prebendas por su carnet y por el cargo. Si el ordenamiento institucional ha de basarse en los partidos políticos creo que deberían crear un departamento de selección y control internos para que sirvan para algo. En todos los partidos la selección se hace por amiguismo y el control simplemente no se hace, se espera a que los jueces dictaminen la culpabilidad. Pero los partidos no pueden funcionar por sentencias, sino por objetivos: si alguien no sirve se le despide y no se le aguanta hasta que un juez lo condene; la sentencia es inútil para la sociedad si durante años el político está despilfarrando los recursos de todos sin delinquir. Esto lo entienden los ingenieros y los economistas pero no lo entienden los abogados, acostumbrados a funcionar en base a la letra de la ley y no en base a su espíritu. Este fallo de enfoque lo estamos sufriendo con la “judialización” de la política y no con la matematización de la misma: menos leyes y más números para poder progresar. Con leyes no se llega a la luna sino con cálculos precisos de la física del universo.

Y así llegamos a la tercera pregunta: para qué sirve una ley que no resuelve nada. Me voy a referir exclusivamente a la Ley de Régimen de Administraciones Locales porque estoy en un pueblo, aunque podría referirme a cualquier otra de régimen institucional, como es la del Senado, del Tribunal Constitucional o de la propia Constitución (no se alarmen de esto último, el Reino Unido, que es el país más antiguo en democracia, funciona sin Constitución). Pero voy con la administración local solamente. ¿Cómo puede funcionar una ley que mantiene inamovible la distribución administrativa local del siglo XVIII o XIX? Las funciones territoriales de los municipios han variado considerablemente con dos fenómenos básicos: la velocidad en el transporte los ha acercado y la frecuencia de los medios de comunicación los ha unido más aun. ¿Cómo puede mantenerse una estructura política municipal individualizada entre dos municipios que están separados por la calzada de una calle? ¿Para qué sirven tantos alcaldes y concejales en municipios que no tiene función económica alguna? ¿Alguien ha hecho números del coste de esta administración local que no tiene competencia alguna, por falta de recursos y por un espíritu de rancio folclore inútil? ¿Por qué los cargos de alcaldes y concejales tienen sueldos tan altos si no deberían realizar trabajos remunerados al existir funcionarios calificados más eficaces (si les dejaran y se les obligara)?; una de las dos figuras sobra: el funcionario o el concejal ¿Quién garantiza de la competencia de los cargos políticos para desarrollar funciones que la elaboración de las listas no seleccionan? En la ciudad de Copenhague las funciones municipales las llevan a cabo cien mil funcionarios y los cargos de alcalde o concejal no cobran sueldo. Además, ¿se ha pensado que los contratos de concejales y alcaldes no cumplen la legislación laboral? Yo no digo que tenga que cumplirse, estoy resaltando la incongruencia de este administrativismo leguleyo que no mira la eficacia de su funcionamiento: un cargo municipal que permanezca en su puesto político durante doce o dieciséis años puede quedar apartado de cualquier trabajo en la vida civil para el futuro, con las consecuencias laborales y de derechos pasivos que ello conlleva. Convertir los cargos políticos en laborales desvirtúa toda la función política y favorece la prevaricación y la corrupción de la administración.

Yo he hecho unos números en relación con medidas que se están barajando en otros países para afrontar esta situación de crisis; pero creo que esas medidas servirán sobre todo para el funcionamiento permanente de los organismos resultantes de dicha transformación y conseguir la eficiencia en la Administración Local. En Grecia y Portugal se está barajando la reducción de Ayuntamientos a base de agrupar de ocho a diez municipios en un solo Ayuntamiento. En España disponemos de 8.000 municipios con sus respectivos Ayuntamientos, si se llevan a cabo dichas medidas quedarían reducidos a 800 Ayuntamientos con un ahorro anual, sólo en sueldos de cargos políticos, de 2.700 millones de euros anuales (hay que pensar que quedarían ayuntamientos de 50.000 habitantes de media, que no es una aberración). Si a esta medida de los ayuntamientos le añadiéramos la eliminación de Comunidades Autonómicas “uniprovinciales” y se agruparan las que tienen funciones económicas propiamente autónomas, podríamos pasar a reducir las Comunidades Autónomas a 8 ó 9 como mucho. Esto reduciría el número de Presidentes y Consejeros, proporcionando un ahorro de 6,3 millones de euros, más los Parlamentos correspondientes, ahorraríamos entre 30 y 40 millones de euros más anuales sólo en sueldos de políticos. No voy a hacer números con los coches oficiales, guardaespaldas, dietas, viajes y otros gastos asociados a cada uno de los puestos eliminados, (sobretodo de gastos de propaganda y embajadas autonómicas), pero sería conveniente hacerlos ya que si se eliminan el número de coches propuestos por Esperanza Aguirre, ha dicho que se ahorra la Comunidad de Madrid 20 millones de euros al año. Con estos pocos números manejados salen aproximadamente 300 millones sólo en la Comunidades, que sumados a los de los ayuntamientos da una cifra de 3.000 millones de euros anuales de ahorro sólo en políticos. Prácticamente la cifra que quiere ahorrarse la propuesta del Gobierno (4.500 millones para 2011 y 2012). Luego quedaría la reducción del Senado, del Tribunal Constitucional y otros poderes que no cumplen función eficaz alguna; así como eliminación de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y religiones.

Creo que hemos entrado en una dinámica de hacer números permanentemente y no sólo en tiempo de crisis, para conseguir una administración pública coherente con nuestras posibilidades. Todos estos ahorros de gastos superfluos, puede el Estado dedicarlos a la Inversión necesaria para generar renta y disminuir los 4,5 millones de parados, que son los que de verdad están en crisis. El Estado debe cambiar rotundamente su papel en el futuro de este país: primero debe asumir su función reguladora de la economía y, segundo, ha de hacer eficientes todos sus gastos e inversiones, esto es política keynesiana, para hacer que el sistema funcione. Lo contrario es la anarquía del PP que practicó Aznar y que siguió el PSOE de Zapatero.
      
MAR

 

                

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