Transparencia en la gestión política

Los  mecanismos de autorregulación  se deben poner en marcha ya en el ámbito municipal.

Según la Ley del Suelo, los Ayuntamientos tienen la obligación de hacer pública la declaración de bienes de sus alcaldes y concejales.

Los ayuntamientos no aplican por falta de un instrumento jurídico para hacerlo. La comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, se comprometió, hace dos años, a crear de una delegación para elaborar un Código de Buen Gobierno en el que se recomendará a alcaldes y concejales hacer pública su declaración de bienes y actividades, una medida prevista para atajar la corrupción en los ayuntamientos. ¿Qué ha ocurrido con esa comisión?

La Ley del Suelo modificó, a través de su Disposición Adicional Novena, el artículo 75.7 de la Ley de Régimen Local. La norma establece que la declaración de bienes de los miembros de los consistorios se hará en los términos fijados en el Estatuto Municipal. Este estatuto es una figura legal inexistente, que estaba observada en la nueva Ley de Régimen Local, que no llegó a aprobarse porque no hubo acuerdo entre partidos.

La entelequia de ese Estatuto Municipal ha sido utilizada como coartada por casi todos los consistorios de España para no publicar la declaración de bienes de su alcaldes/sa y su concejales/as que ya tenían desde 1985 la obligación de declarar sus bienes. Pero esta manifestación quedaba a buen recaudo y casi nadie podía consultarla. La novedad que se introduce es que esa declaración debe ser pública. Esta situación provoco escándalos como: Marbella, Boadilla, Majadahonda, Las Rozas, Torrejón… y una lista lo suficientemente importante para situar al sufrido contribuyente en una posición de alerta permanente.

Los ayuntamientos, como el de Valdemorillo, que no hacen pública la declaración de bienes de su alcaldesa y su concejales/as  vulneran las medidas contra la corrupción de la Ley del Suelo. Ya que la Federación Española de Municipios y Provincias trata de salvar el vacío legal con su Código de Buen Gobierno, en la que insistirá en que, a falta de Estatuto Municipal, la declaración pública puede regularse a través del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, donde exista; y en los lugares donde no haya, a través del Pleno.

La declaración pública podrá materializarse a través del Registro Municipal o de la propia Web del Ayuntamiento. La Federación Española de Municipios y Provincias asegura que la resolución coincide con los consejos que da a los municipios que han pedido durante estos meses asesoramiento sobre la declaración de bienes. La FEMP pretende cerrar un debate sobre el incumplimiento de un aspecto fundamental de la Ley del Suelo.

Tras un Consejo de Ministros del 2008, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, secundada por la ministra de Vivienda, hizo un enérgico llamamiento a los ayuntamientos a que cumplieran estrictamente con la ley. El tribunal supremo en una de sus sentencias sanciona: El carácter público del registro de bienes se debe poner en consonancia con el derecho constitucional de cualquier ciudadano a acceder a los archivos y registros municipales, debiendo ser el Ayuntamiento a través del Reglamento Orgánico Municipal, norma especial, el que disponga las medidas de garantía de ese derecho dentro del ámbito de las potestades de las autoridades municipales para organizar y dirigir los servicios, teniendo en cuenta que cualquier ciudadano tiene interés legítimo para conocer el contenido de la declaración de bienes, salvaguardando la intimidad de los datos protegidos.

El ciudadano perplejo sigue sin entender como los munícipes salen del gobierno con un patrimonio sensiblemente superior al que entraron, sin embargo permanece impasible como si considerara que el enriquecimiento a costa de los intereses ciudadanos constituyera un impuesto consustancial con la condición humana. Bajo mi punto de vista es una perversión democrática que debiera ser instrumentalizada urgentemente.

JGM

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