Reformas sociales y trabajo (Por Jesús González)

Resulta imprescindible la consideración real y temporal que nos ha tocado vivir, no el que nos hubiese gustado. Pero la situación es la que los poderes mercantilistas más recalcitrantes han querido que nos enganchemos en la locomotora de una sociedad de consumo que se ha ido conformando con el devenir de los acontecimientos económicos, políticos y sociales, profundamente relacionados entre sí. La estructura económica ha empujado a la política a pasar por el ojo de la aguja, tan solo queda el camino que finalmente marque el tejido social.

En todas las crisis de empleo anteriores, la caída de la ocupación de los mayores fue superior que la de los jóvenes. Estos últimos vieron menos bloqueada su incorporación al mercado de trabajo que la forma en la que los mayores asistieron a su expulsión del empleo. Se trataba de desequilibrar el mercado a favor de los que tenían una prolongada antigüedad en su puesto de trabajo, para evitar que fuesen sustituidos por unos jóvenes mejor preparados y más baratos. Con esa discriminación se pretendía proteger a los más débiles, que en ese momento eran los mayores.

La sociedad pareció aceptar esa iniquidad y los contratos temporales se convirtieron en el camino obligado de la integración laboral. Hasta las administraciones públicas, en sus sectores de la sanidad y la educación con continuados contratos temporales, alargando el periodo de consolidación laboral de los servidores públicos, con la excusa arbitraria de diseñar una carrera profesional, que así se veía convertida en una competición de obstáculos. Se produjo un tipo de contrato intergeneracional en el que los adultos ocupaban el espacio público del empleo, la política y la comunicación, mientras a los jóvenes se les ofrecía estudios gratuitos, protección familiar y libertad doméstica.

La crisis de 2007-09. La tasa de empleo entre los jóvenes de 18 a 25 años, cayó en 16,5puntos, mientras que los mayores de 57a64 años perdieron 2,2 puntos. Tampoco es igual en función de los estudios de la mitad masculina; frente a los universitarios, que han perdido 1,3 puntos, los que tienen estudios primarios han perdido 13,1. Diez veces más, a pesar de que los descualificados partían de una tasa de empleo mucho menor —el 68,5%—, mientras que entre los universitarios era en 2007 del 90,3%. Entre las mujeres, tanto las de estudios básicos como las universitarias han perdido lo mismo: 1,4 puntos, aunque también de tasas de empleo muy diferentes: 32,9% para las de estudios primarios y 83,6% para las tituladas universitarias.

Se puede formular sintéticamente: la temporalidad de los jóvenes y de los descualificados se ha convertido en una rotación desmesurada y ha perdido su función de equilibrar las distintas vulnerabilidades de los jóvenes respecto a los mayores.

Ahora los que pierden el trabajo son los/as jóvenes, y en mayor medida si son sin cualificación. Se puede uno preguntar, ¿y los mayores descualificados/as? La respuesta es desalentadora. Por una parte, es cierto que también están menos protegidos/as, pero mientras en 1976 trabajaban el 97%, y en1984 el 86%, en 2007era el 58% y al final de 2009 sólo lo hacían un 54%. Lo que quiere decir es que los/as jóvenes con estudios primarios hace muchos años que están siendo expulsados/as del mercado de trabajo por una organización institucional que no les protege.

Las nuevas contrataciones han llegado a ser una posible eventual ganancia económica. Tiene algunas ventajas sociales relativas por permitir puntuar su currículo laboral pero puede haber otras soluciones y en lugar de buscarlas, se sigue defendiendo la tutela judicial de los contratos. Para los demás, despido forzado institucional de forma indirecta. Evitar el encadenamiento de los contratos puede ser una protección para los empleos cualificados. Se proponen pequeños cambios en los incentivos a la estabilidad y en aumentar los costes de la temporalidad, cuando se ha comprobado la escasa eficiencia de estas medidas. Con ellas, la desmesurada rotación permanecerá.

La discusión sobre si es preciso el retraso de la edad de jubilación, la efectiva, no de la nominal, lleva al menos, una década de retraso. El rédito político de plantearlo ahora es doble: se aleja de esta legislatura el posible sacrificio, y se lleva a los políticos, a los expertos y a los medios, a un asunto de tanto calado y tan largamente diferido que no pueden evitar dedicarle su atención. Además, se implica a los mayores, que por su edad votan siguiendo sus intereses, y se eluden las inexistentes exigencias de unos jóvenes que no votan por los asuntos que les son propios, quizá, también, porque sobre ellos no están suficientemente definidas las soluciones.

JGM

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