Islandia y la crisis económica (Por Jesús González)

Islandia acoge a la democracia más antigua del mundo. Su población es de origen escandinavo y el idioma oficial el islandés, lengua germánica septentrional que está muy relacionada con los dialectos occidentales del noruego, posee una sociedad desarrollada y tecnológicamente avanzada. Entre 2003 y 2007, transformó su economía, basada en la industria pesquera, para convertirse ser una nación que ofrecía servicios financieros. A principios de 2009, el país también resultó afectado por la crisis y las numerosas protestas ciudadanas provocaron la dimisión del gobierno.

 

En noviembre de 2010 se estableció una asamblea popular de 25 personas sin afiliación política, a la que se delegó la responsabilidad de preparar una propuesta para sustituir la Constitución del país. ¿Y por qué el resto de los países occidentales ni siquiera nos hemos enterado?
La presión ciudadana islandesa ha conseguido “con mucha educación”, sin violencia tumbar a un gobierno, redactar una nueva constitución  y meter en la cárcel a los banqueros responsables de la crisis del país. Este silencioso proceso revolucionario tiene su origen en 2008, cuando el gobierno islandés decidió nacionalizar los tres principales bancos, el Landsbanki el Kaupthing y el Glitnir, cuyos clientes eran esencialmente ingleses y americanos.
Islandia entraba en bancarrota y para salvar la situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectaba 2.100 millones de dólares y los países nórdicos ayudaban con otros 2.500 millones.

Mientras bancos y autoridades locales y extranjeras buscaban a la desesperada soluciones económicas, el pueblo islandés se echó a la calle y con sus insistentes manifestaciones diarias frente al parlamento de Riekjavik provocó la dimisión del primer ministro conservador Geir H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque. Además, que se convocaran elecciones anticipadas, y lo consiguieron. En abril salió elegido por votación un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por una nueva Primera Ministra, Jóhanna Sigurðardóttir.

Durante todo el 2009 la economía islandesa continuó en situación precaria (cerraría el año con una caída del 7% del PIB) pero, pese a ello, el Parlamento propuso la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, una suma que debían pagar todas las familias islandesas mensualmente durante 15 años al 5,5% de interés. La medida provocó de nuevo la ira de los islandeses, que volvieron a tomar las calles exigiendo que, al menos, esa decisión fuera sometida a referéndum. Otra nueva pequeña gran victoria de las protestas callejeras: en marzo de 2010 se celebro esa votación y un aplastante 93% de la población se negaba a devolver la deuda, al menos en esas condiciones.
Volviendo a la tensa situación de 2010, mientras los islandeses se negaban a pagar una deuda que habían contraído los tiburones financieros sin preguntarles, el Gobierno de coalición había iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis económica y ya se había detenido a varios banqueros y altos ejecutivos estrechamente relacionados con las operaciones de riesgo.

La Interpol, por su lado, había dictado una orden internacional de arresto contra el ex presidente del Parlamento, Sigurdur Einarsson. Esta situación hizo que banqueros y ejecutivos, atemorizados, abandonaran el país en masa. En este contexto de crisis, se eligió una asamblea para redactar una nueva constitución que recogiera las lecciones aprendidas y que sustituyera a la actual, inspirada en la constitución danesa. Para ello, en vez de llamar a expertos y políticos, Islandia ha decidido recurrir directamente al pueblo, soberano, al fin y al cabo, de las leyes. Más de 500 islandeses se presentaron candidatos para participar en este ejercicio de democracia directa y redactar la constitución, de los cuales fueron elegidos 25 ciudadanos sin filiación política entre los que hay médicos, abogados, estudiantes, periodistas, granjeros, sindicalistas….etc Su nueva constitución reclama proteger las libertades de información y de expresión con la llamada Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, un proyecto de ley que pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información.

Islandia cuenta con una libre economía de mercado, con impuestos bajos comparados con otros miembros de la OCDE, manteniendo un estado de bienestar que provee asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita a sus ciudadanos. El tercer país  más desarrollado del mundo. Será el pueblo, por una vez, el que decida sobre el futuro del país mientras banqueros y políticos asistan, algunos desde rejas, a la transformación de una nación.

JGM

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