Alegaciones a los Presupuestos municipales para 2012 (Por Municipios 21)

AL PLENO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO.

PRIMERO.- Que el citado acuerdo de aprobación inicial ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del último uno de noviembre, dando un plazo de exposición al publico de quince días hábiles a contar, según reza en la propia publicación, desde el siguiente al de inserción en el citado Boletín.

SEGUNDO.- Que en base a lo estipulado en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el que subscribe se encuentra legitimado para la interposición de las presentes alegaciones, todas ellas realizadas en base a lo estipulado en el artículo 170.2 del citado Real Decreto, y que expresa en los siguientes términos:

A L E G A C I O N E S

PRIMERA.- En el anexo de endeudamiento no se incluye todo el que tiene el Ayuntamiento. Falta el endeudamiento de proveedores, así como los ingresos indebidos provenientes a los convenios de planeamiento del sector Prado Colladillo-Las Portaleras y los incluidos en el UA 1 y 2. Especialmente sobre el convenio del sector Prado Colladillo-Las Portaleras se debe significar que, según cláusula UNDECIMA, el plazo para que el Ayuntamiento cumpla con sus compromisos termina el 30 de enero del 2011 Según estas circunstancias el Ayuntamiento debe prever la devolución de las cantidades ingresadas por el promotor sin perjuicio de que por otro lado el convenio pueda ser declarado fuera de normativa.
Sobre los otros endeudamientos debido  a retrasos en los pagos a proveedores el proyecto de presupuesto para el ejercicio  2012 no da respuesta al modo en que se afrontarán estas deudas, con lo que previsiblemente seguirán sin abonar con el consiguiente riesgo, en algunos de estos casos, de incremento de intereses o incluso de costas judiciales.

SEGUNDA.-  A lo largo del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012 no aparece ni una sola previsión de crédito, ni de ingreso, relacionado con la función de distribución del agua domiciliaria que los artículos 25, 26 y 86 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, atribuye, en todo caso, a la competencia del ente local. En el presupuesto presentado no hay ninguna previsión de ingresos por este concepto y sin embargo el Canal de Isabel II sí hace liquidaciones periódicas ante el Ayuntamiento por este concepto. De igual forma periódicamente el Canal de Isabel II pide conformidad de presupuestos para la renovación de tramos de la red de distribución, inversión ésta que tampoco aparece en el proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio 2012 y consecuentemente estas inversiones no se están incluyendo en el inventario municipal. De igual forma tampoco se observan créditos que financien los gastos que se realizan sobre la red de distribución de agua que es de titularidad municipal, o en su caso gastos que origina el convenio que en el ejercicio 2005 este Ente Local firmó con el ente Público Canal de Isabel II. Se podría estar dando el supuesto prohibido por la Ley de Haciendas Locales en su artículo 165.3  que prohibe de forma expresa la compensación de ingresos por créditos de gastos.
Para aclarar lo anterior se debe manifestar que en el capítulo 3 de ingresos los subconceptos 300- Servicio de abastecimiento de agua, 301- Servicio de alcantarillado y 304 Canon de saneamiento no tiene ninguno de ellos previsión alguna de ingresos. Se reitera que estas funciones relacionadas con el ciclo del agua están incluidas como una función básica que la ley 7/1985 encomienda, en todo caso, a los ayuntamientos. Por tanto estos presupuestos deben reflejar tanto la previsión de ingresos, como de los gastos, que esta función básica lleve consigo para el Ayuntamiento y todo ello considerando, si así fuera, las estipulaciones contractuales incluidos en convenios o contratos que el Ayuntamiento tenga establecidos para este fin. Debe recordarse que una parte importante de la población no esta cubierta con el convenio establecido en el año 2005 con  el Canal de Isabel II, pero a pesar de todo este Ente les factura el concepto de distribución, cuyo perceptor debe ser el Ayuntamiento, como competente que es, independientemente de quien sea el recaudador.

 

TERCERA.- Asociado con el punto anterior se manifiesta de forma clara la circunstancia de crédito insuficiente en el programa 161, dotado solamente con 15.000 euros para las funciones básicas de distribución de agua y saneamiento, quedando estas funciones totalmente abandonadas por este Equipo de Gobierno, en la mayor parte del territorio municipal.

CUARTA.- Más del 50 % de la población vive en zonas donde no se recibe el servicio básico de alumbrado público. El Ayuntamiento sí se hace cargo de los costes del suministro de energía eléctrica pero no así del mantenimiento de las redes de alumbrado, que esos vecinos deben financiar con cuotas extras adicionales, convirtiéndose estas cuotas en auténticos impuestos recaudados por ente no autorizado y sin la cobertura de la correspondiente ordenanza municipal. Se deduce por tanto que el programa 165 estaría insuficientemente dotado, para que el Ayuntamiento haga frente a las obligaciones que la ley 7/1985 impone a todos los municipios. Ver artículos 25 y 26 de la citada. Se recuerda también que el artículo 136 de la ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid, establece la obligación de financiar, en estos casos, a las entidades Urbanísticas de Conservación, financiación ésta que no se observa en ningún programa de gastos.

QUINTA.- Respecto al programa 155 dotado con unos créditos que ascienden a 839.900 euros, 664.900 euros quedan asignados directamente a una zona reducida del municipio quedando para el resto 175.000, cantidad claramente insuficiente, razón por la cual una parte importante de los vecinos deben aportar cuotas extraordinarias para hacer frente al mantenimiento de los viales que dan acceso a sus viviendas, cuotas que como en el caso del programa 165 no esta regulada en ordenanza municipal ni recogido en partida de subvención como bien establece la precitada ley del suelo.
Se manifiesta por tanto que el programa 155 esta deficientemente dotado para que el Ayuntamiento haga frente a una de las obligaciones que la Ley 7/1985 establece como preceptiva, en todo caso, a los Ayuntamientos. Ver artículos 25 y 26 de la citada ley.

SEXTA.- En la actualidad en una parte importante del municipio, la realidad es que  los vecinos tienen que realizar funciones complementarias en la recogida de residuos sólidos urbanos. Se tienen que limpiar sus calles, se tienen que limpiar los sitios reservados para los contenedores de recogida de los residuos sólidos urbanos y tienen que cuidar sus jardines y zonas verdes porque el Ayuntamiento no cubre esos servicios que como en casos anteriores son de obligado suministro por el Ayuntamiento. Por consiguiente se debe entender que el programa 162 esta insuficientemente dotado.

SEPTIMA.- El programa de gastos 132 esta dotado con créditos por un valor total de 2.028.806 euros, cantidad lo suficientemente elevada como para parecer totalmente suficiente. Sin embargo de todos es sabido que varias zonas urbanas dispersas, urbanizaciones, tienen contratado un servicio adicional de vigilancia que ellos financian. Sabido es que en el último mercado medieval que el Ayuntamiento organizó, los comerciantes allí instalados contrataron, financiaron entre todos un servicio adicional de seguridad durante las noches que el merado se mantuvo. Todo parece indicar que o el servicio que el programa 132 financia es insuficientemente, o que éste esta muy mal gestionado. Lo que no debe quedar ninguna duda es que el servicio de seguridad del Ayuntamiento y el privado coexisten en el mismo espacio público, lo que deja todo tipo de dudas dadas las circunstancias de ser un servicio básico obligado a prestar por el Ayuntamiento, según determina los artículos 25 y 26 de la ley 7/1985.

OCTAVA.- Comparando los programas 155, 162 y 165 de los presupuestos para el ejercicio 2011 y los presentes se puede observar que de estos programas, correspondientes al área de “Servicios Públicos Básicos” y como tal establecidos en los artículos 25, 26 y 86 de la Ley 7/1985, de la Regulación de las Bases del Régimen Local, como obligatorios para todos los ayuntamientos, se han asignados partidas presupuestarias de estos servicios en el programa 350 correspondiente al área de “Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente, lo cual es una clara vulneración de la Orden EHA/3565/2008 y por consiguiente constituye un claro y evidente fraude de la Ley 7/1985.
Por otro lado no se puede dejar de ver esta separación como una clara discriminación de unos vecinos de Valdemorillo con otros también del municipio, lo que vulnera de una forma clara, no solo de la ley, sino también de la propia Constitución Española.

NOVENA.- Es una realidad que el ayuntamiento de Valdemorillo se encuentra inmersa en un plan de saneamiento. Es cierto que la normativa nada dice sobre la relación entre presupuesto y plan, pero la racionalidad impone la necesidad de analizar y justificar que con este presupuesto se garantiza el plan de saneamiento. Se debería establecer una comparativa de cuyo análisis se infiera el citado cumplimiento. Realizada la comparación  de las previsiones del plan con la previsión de este presupuesto se puede ver que hay un empeoramiento de lo que recoge este proyecto de presupuesto respecto a lo previsto en el plan de al menos de 399.000 euros.
Este presupuesto no garantiza el cumplimiento de los compromisos del consistorio con lo estipulado en el Plan de Saneamiento.

DECIMA.- La existencia de un contrato para el servicio básico de recogida de residuos (programa 162), dotado con un crédito en el capítulo 2 de 1.400.000 euros en el que la compañía suministradora asume todos los costes del servicio es incompatible con la existencia de unos créditos en el capítulo 1 en el mismo programa de 52.368,48 euros. La existencia de personal incluido en el anexo correspondiente que presta servicios dentro del contexto del citado contrato debería reflejarse en el presupuesto como una disminución de gastos, por reintegro, en el capitulo 1. Solo así el presupuesto reflejaría de forma fiel los créditos a los que el Ayuntamiento debe hacer frente, así como el coste real del servicio.
Esta situación se debe revisar no solo en el presupuesto que se está ejecutando sino también en los ya cerrados y en los cuales se diera esta circunstancia, que se entiende que es desde el ejercicio 2005.

UNDECIMA.- No hay a lo largo de todo el expediente de presupuestos una mínima justificación de todos los ingresos (los más significativos por su importancia económica) que no estén sometidos a un padrón. Así, no hay ninguna justificación de su racionalidad de los ingresos del capitulo 4.
Para evitar unos muy posibles desfases en estos capítulos de ingresos, se ve necesario acompañar un estudio justificativo de los ingresos más significativos, que no estén sometidos a padrones cobratorios, y según su resultado modificar los presupuestos presentados.
Lo dicho en las líneas anteriores cobra una importancia mucho más relevante si nos referimos al concepto 470.00 cargado con un importe de 715.000 euros. Según lo manifestado en pleno por la señora presidenta esta cifra surge de los cálculos realizados por el Canal de Isabel II para lo cual utiliza la cantidad básica de 60 euros/vecino y los vecinos de derecho. A este respecto se debe recordar que el Canal de Isabel II no da servicio a la totalidad de la población luego difícilmente se debería utilizar ésta como base de cálculo para esta partida. Según estas bases la cifra que resultaría seria mucho menor que la presupuestaria dando como resultado un desequilibrio negativo del presupuesto lo que contradice lo estipulado en la normativa sobre el equilibrio presupuestario.

DUODECIMA.- En el programa 338, cuenta 48900 “Subvención Festejos Taurinos” se prevé un crédito de 110.000 euros para el pago de la organización de las ferias taurinas encomendadas  y contratadas con EDISAN por un importe económico de 78.131,57 euros, IVA incluido. Se observa que se realiza una previsión muy por encima de los compromisos que para el Ayuntamiento supone la firma del contrato administrativo con la firma EDISAN en relación a la organización de las ferias taurinas de San Blas y septiembre. Se debe ajustar estas cantidades a las cantidades contractuales ya que modificaciones posteriores realizadas en plenos, incluso vía mociones, no están sujetas a derecho, resultando una vulneración de las bases del concurso y de la propia Ley de Contratos  de la Administración Pública.
Sin perjuicio de lo manifestado en el párrafo anterior, por otro lado se debe manifestar que es improcedente la utilización de una partida dentro del capitulo 4, “transferencias corrientes, ya que esta partida esta soportada por la vía de la relación contractual.  También se debe decir que realizarlo por la vía de transferencia se vulnera la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto del Valor Añadido.

DECIMOTERCERA.- El artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 24 mayo declara afectados los recursos derivados de la aplicación de las medidas de reducción de costes salariales en los ejercicios 2010 y 2011. Ese excedente debe dedicarse a financiar una disminución de la deuda del Ayuntamiento.
Vista la mecánica que utiliza ese Ayuntamiento en imputar en el ejercicio siguiente el ahorro del presente, para el ejercicio 2012 se debe prever el ahorro producido en el ejercicio 2011. No es admisible la excusa de que el citado R.D.Ley prevé en primer lugar la financiación de remanente líquido de tesorería negativo ya que éste según el plan de saneamiento no se puede dar. En el supuesto de que se pudiera dar, debe llevar consigo acciones o modificación y revisión del plan para corregir esas desviaciones.
No se incluye en este expediente de presupuesto, en el anexo de personal la cantidad global que resulta de este ajuste salarial ni tampoco se incluye partida presupuestaria en el capitulo 9 de gastos para dar cumplimiento a la obligación legal recogida en la citada disposición. Deben corregirse ambos documentos, anexo y capitulo citado de gastos al objeto de que esa reducción no vaya a financiar otro tipo de gasto.

DECIMOCUARTA.- De todos es sabido sobre la existencia de un numero considerable de urbanizaciones que están funcionando bajo la cobertura legal de Entidades de Conservación, que realizan funciones de básicas, ya referidas a lo largo de estas alegaciones, y consideradas en la ley 7/1985 como de prestación obligatoria por el Ayuntamiento.
Sabido es que según el artículo 136 de la ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, en esos supuestos el Ayuntamiento debe subvencionar a las Entidades de Conservación.
Sabido es que el Reglamento de Gestión Urbanista considera a estas entidades con el carácter de administrativas dependientes de la administración actuante, el Ayuntamiento.
En base a lo anterior debería entenderse que el presupuesto municipal debería incluir no solo el presupuesto del propio Ayuntamiento sino de todos organismos que de él dependen como son, en este caso, las Entidades de Conservación. Solo así se tendría una imagen real de los costes de todos los servicios básicos que entre uno y otros prestan a los vecinos de Valdemorillo.
Según todo lo anterior los presupuestos que ahora se alegan tienen un problema con dos posibles enfoques: Por un lado la falta de subvención de las Entidades de Conservación, cuestión que puntualmente se ha recogido en los distintos servicios que se consideran deficientemente dotados. Por otro la no inclusión de los presupuestos que cada una de ellas tenga en este mismo expediente de presupuesto municipal.

DECIMOQUINTA.- La Base 30, donde se estipulan las percepciones de los miembros de la Corporación, establece de forma no ajustada a la realidad la forma de atribución de cantidades a sus miembros.
Por un lado atribuye mismo sueldo y/o percepciones a la señora alcaldesa y a la primera teniente de alcalde, atribuyendo a esta el doble de percepción que a cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno o tenientes de alcalde. No parece que las atribuciones de unos y otros se correspondan con esta percepción de 4.400 euro por paga, 14 pagas al año.
Por otro lado se define de forma totalmente imprecisa las circunstancias de percepción de dietas y en algunos casos vulnerando el artículo 97.2 del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social. Efectivamente, los concejales que tiene dedicación total según la anterior norma asi como los que tengan dedicación parcial según el articulo 75.2 de la Ley 7/1985, deben darse de alta en el régimen general de la Seguridad Social. La alternativa de dietas no solo imposibilita, en algunos casos, este alta sino que además, tal y como está planteada, es una clara vulneración de estas leyes. Por consiguiente se puede afirmar con total tranquilidad que esta base 30 es, en los aspectos citados, totalmente ilegal y supone una estafa a la Seguridad Social.
También se debe especificar de forma clara, sin dejar cabida a posibles interpretaciones, las circunstancias en las que se debe cobrar dieta. Según la redacción actual, vigente para el año 2011, que es la misma que la propuesta para el 2012, se están dando las circunstancias de que a la Junta de Gobierno están asistiendo de forma sistemática todos los concejales del Equipo de Gobierno aunque no sean miembros de la Junta. Ver actas del 12 y 27 de julio, acta del 24 de agosto, acta  del 27 de septiembre y acta del 11 de octubre. Esta asistencia de forma sistemática trasluce la posibilidad de que de forma arbitraria estén asistiendo a las reuniones de la Junta de Gobierno, sin que ello fuese necesario, con el único objetivo de dar la posibilidad del cobro de dietas. Se ha de decir a favor de lo manifestado que en la anterior legislatura esta asistencia no se daba de forma sistemática o habitual, claro que en esa legislatura todos cobraban por sueldo.
La redacción que se propone en este proyecto de presupuesto significa, por tanto, la vulneración de las leyes citadas y como tal debe modificarse sometiéndola a la legalidad.

DECIMOSEXTA.- En el anexo de inversiones se aprecia la existencia de una inversión por valor de 934.132 euros que no esta recogido en la correspondiente partida presupuestaria ni en ingresos, como transferencia de capital, ni en gasto en la correspondiente partida de inversión.
Se debe significar que ambos apartados del presupuesto, el de detalle de los créditos de gastos, así como el correspondiente de ingresos, deben coincidir con el anexo de inversión. Se debe modificar o uno u otro. Pero dado que la corporación en pleno e independientemente de este proyecto de presupuesto ha aprobado reclamar esta partida a la Comunidad de Madrid, lógico es pensar que, si todo es coherente,  se debe modificar las correspondientes partidas de los apartados de ingresos y gastos dando en correspondencia un total de presupuesto de 12.492.132 euros en lugar de los 11.558.000 euros.

DECIMOSEPTIMA.- En el anexo de personal se aprecia que los niveles de los puestos de trabajo que se asignan a los funcionarios varían entre el 12 dado a operario o administrativo y el nivel 30 asignado a los funcionarios de habilitación estatal.
Analizados estos niveles se ve una descoordinación entre lo establecido en normas estatales donde se fijan importes para los diferentes niveles y diferentes conceptos retribuidos. Según los niveles que se proponen al pleno su aprobación, el puesto de secretario, el de intervención y el de tesorería estarían equiparados, se citan a titulo de ejemplo,  a un Director General de la Administración General del Estado, o un Capitán de Navío. Estas comparaciones hace pensar que los niveles retribuidos están asignados con una falta total de objetividad y desde luego con una falta total de equidad con el resto de funcionarios públicos ya que se estarían asignado niveles más altos en este Ayuntamiento  que a otros funcionarios en otras administraciones con mas responsabilidad, tanto en puesto como en desempeño. Se pide por tanto se revise los niveles asignados a los funcionarios.
Incluso dentro del mismo grupo o clase C1, y misma función, administrativo, hay diferentes niveles retribuidos en el complemento específico. Tampoco se ve muy ajustado a función que un sargento tenga grupo C2 nivel 20 y un administrativo tenga C1 y nivel 22 con diferencias en complemento de destino. Pero de forma general en los diferentes niveles del grupo A, y en algunos del grupo C, en relación al “complemento especifico”, se puede constatar, un incumplimiento y vulneración de lo estipulado en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, que fija los límites máximos para este complemento.
En cualquier caso en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012 no se define en ninguno de sus anexos la masa salarial disponible para la asignación a complemento especifico lo que supone una vulneración del articulo 4 del Real Decreto citado en sus apartados 2 y 4.  Se debe por tanto especificar en el proyecto de presupuesto cual el montante de esa masa salarial disponible para los complementos específicos. La falta de este dato podría interpretarse como que la masa salarial se aplica funcionario a funcionario individualmente. En este caso se puede observar como en unos casos se han sobre pasado de forma alarmante los porcentajes fijados por la norma citada, en detrimento de otros colectivos de funcionarios.

DECIMOOCTAVA.- Se puede observar que la partida presupuestaria de ingresos 391.00 “multas infracciones urbanísticas y medioambientales” está dotada con un importe de 50.000 euros.
Según determina el articulo 234 de la ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo en la Comunidad de Madrid, el importe de las multas urbanísticas se debe destinar al Patrimonio Publico del Suelo. No se observa en el anexo de inversiones incluido en este proyecto de presupuesto que lo anterior se cumpla.
Se debe corregir esta deficiencia, salvo que de forma expresa e intencionada se pretenda vulnerar lo estipulado en la citada ley.

DECIMONOVENA.- Resulta totalmente incomprensible e inadmisible que de todos estos problemas no haya ni una sola referencia, ni un solo problema que se haya puesto de manifestó en el informe de intervención. Todo parece indicar la no existencia de persona que ocupe este puesto, con un mínimo de responsabilidad y dignidad personal y profesional que vigile por los intereses generales del ayuntamiento de Valdemorillo.

Por todo lo anterior expuesto y alegado, a ese Pleno de la Corporación se

S O L I C I T A :

Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones contra la aprobación inicial del proyecto de presupuesto del ejercicio 2012, realizada en el Pleno del pasado 13 de octubre y como tal sean discutidas y aceptadas y por tanto se solicita de forma expresa que el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2012 y que obra en el expediente, sea devuelto a la señora Presidenta al objeto de su revisión y que este presupuesto sea sometido a los principios presupuestarios establecidos en la legislación vigente.
Todo lo cual lo dice en Valdemorillo, a quince de noviembre del dos mil once.

 

Fdo: Luís Chamarro
Municipios21

 

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