Ayuntamiento, información y participación ciudadana. (Por Luis Chamarro)

Con fecha 10 de febrero la alcaldesa de Valdemorillo ha contestado a la solicitud realizada el 23 de enero por la que se solicitó el cambio de comportamiento de la corporación en la restricción del derecho a grabar en imágenes y fotografías los plenos municipales.

La respuesta persiste  en aplicar un criterio restrictivo del derecho de participación, información y expresión en perjuicio de los ciudadanos que asisten a los plenos como de aquellos que no pudiendo estar presentes quisieran estar informados. La negativa a la grabación de imágenes de los plenos municipales vulnera preceptos constitucionales de forma flagrante.

En la práctica se procede mediante  amonestaciones, advertencias de expulsión de la sala,  como la llevada a cabo en el pleno del pasado dieciséis de enero, por el  mero acto de haber sacado de su funda una cámara de fotos, lo que constituye  una evidente merma de  derechos fundamentales de información y participación.

El carácter restrictivo del acuerdo del pleno del 22 de diciembre de 2011, por el que se acordó la aprobación definitiva del Consejo de Participación Ciudadana y otras cuestiones conexas con lo aquí referido no se ajusta a lo determinado en los artículos 14 y 20-1-D de la Constitución, ni a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ni el Pleno, ni la Alcaldía pueden alegar preventivamente una posible alteración del orden público por motivo de que se pueda grabar, filmar, una sesión plenaria. El conocimiento previo de quienes pretendemos llevar a cabo tal acción viene de nuestra presencia histórica en tales eventos y de nuestra participación constructiva y crítica ante sucesivas corporaciones, tanto desde la asociación ciudadana  Municipios21, como desde la difusión del periódico en red El Cocodrilo de Valmayor. En otros casos la acreditación previa a la celebración del Pleno sería suficiente garantía.

La publicidad de las sesiones del Pleno implica en esencia que cualquier ciudadano pueda conocer pormenorizadamente todo cuanto en un pleno municipal acontece.

La transmisión de información en nuestra sociedad no está restringida, ni mucho menos, solo a quienes sean periodistas, de manera que cualquier ciudadano puede informar, trasladar datos, por cualquiera de los medios técnicos que permiten su tratamiento y archivo, y, por supuesto, cualquiera puede mostrar su opinión respecto de los datos que transmite.

La función de policía del pleno no quiere decir que pueda prohibirse cualquier grabación, sino solo aquellas que manifiestamente impliquen una alteración del orden, que impida el desarrollo de la sesión y solo en el momento en que, a resultas de dicha grabación, devenga imposible la continuación de la misma. Circunstancias estas difícilmente producibles, si el que graba simplemente se limita a grabar.

Los poderes públicos en democracia se caracterizan por su coherencia y su transparencia. Lo primero implica racionalidad y lo segundo que sus decisiones no solo pueden, sino que deben ser conocidas por todos los ciudadanos.

Parece que, pese a todo lo expuesto,  se pueda esperar   una rectificación de lo actuado y un cambio de actitud frente a lo solicitado, por que habrá que recurrir en amparo ante los organismos  pertinentes.

LCH

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