Ante el Plan General de Ordenación Urbana (Por Jesús Gonzalez)

Desde hace años se viene descubriendo una escalada de la corrupción política asociado a la actividad urbanística. Así lo demuestra la imparable oleada de escándalos municipales de los que se ha venido teniendo noticia, como las denuncias de abusos remitidas a los tribunales de justicia como extensión y profundidad de este problema. El interés general de una ordenación territorial justa debe prevalecer sobre las preferencias particulares de los propietarios.

La corrupción se fundamenta en el uso que un agente hace del poder que le ha sido confiado con el objetivo de obtener algún tipo de ganancia fraudulenta directa o indirecta. En el caso concreto de la actividad urbanística, se trataría de que las decisiones que toma la autoridad en este terreno como: clasificación del suelo como apto o no apto para la urbanización y la edificación; calificación de los diferentes usos del suelo como residencial, industrial, agrícola, etc.; permisos para la edificación, etc.

En los países desarrollados la política urbanística limita y condiciona los derechos de los propietarios del suelo sobre los usos urbanísticos y la capacidad edificatoria que éstos puedan querer ejercer. La justificación es clara: el interés general de una ordenación territorial justa debe prevalecer sobre las preferencias particulares de los propietarios. La cuestión es que, dada la repercusión económica que tiene que el suelo esté destinado a un uso u otro o que se le asigne una mayor o menor edificabilidad, estas decisiones administrativas pueden llegar a tener un indudable efecto sobre el patrimonio de los propietarios del suelo.

En la mayor parte de los países de nuestro entorno se han generado mecanismos para que las plusvalías económicas producidas por estas decisiones públicas sean capturadas en su mayor parte por las administraciones públicas que las generaron.

La corrupción urbanística convertida en arma arrojadiza en la lucha partidaria, con mucho ruido, pero con escasa reflexión sobre los motivos que la impulsan. La premura de los comentarios periodísticos no ha impedido que voces interesadas arrimen el ascua a su sardina reclamando la “recentralización” de las competencias urbanísticas, hoy en manos de los Ayuntamientos, con el argumento de una supuesta mayor impermeabilidad de la Administración Estatal o Autonómica a la corrupción. Un planteamiento que no entra en el fondo de la cuestión: ¿cuáles son los motivos de la epidemia de corrupción urbanística?

Sin una reflexión sobre sus causas mal podremos proponer medidas, salvo que se trate de aprovechar el río revuelto para conseguir otro tipo de objetivos La corrupción urbanística está vinculada al hecho de que las decisiones de la Administración en esa materia generan inmensas plusvalías. Como por arte de magia, o cual milagro multiplicador de panes y peces, un acuerdo municipal que recalifique unos terrenos, supone inmediatamente un aumento de su valor que desborda los márgenes de beneficio de cualquiera otra actividad o negocio. No hace falta invertir, ni producir nada, una simple decisión Administrativa milagrosamente multiplica el precio del suelo. Y entonces, ¿por qué estas plusvalías que “asombrosamente” crea la Administración no son incorporadas a su patrimonio, máxime si estamos hablando de una Administración democrática que, como nos recuerda Hacienda cuando de cobrar se trata, somos todos?, ¿por qué se regalan a unos particulares que nada han hecho para apropiárselas? Ésta es la clave de la corrupción urbanística, su última ratio: una decisión de un organismo público hace que el precio de suelo multiplique su valor instantáneamente. Como cínicamente decía hace poco un concejal de Urbanismo pillado in fraganti en un pueblo de Madrid su voto no iba a ser gratuito, y añadía con total desparpajo, que si hay regalos para unos agentes urbanos.

La corrupción urbanística no terminará mientras la práctica del Urbanismo no recupere lo que fueron sus objetivos iníciales, hoy abandonados. Los planes han dejado de preocuparse por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos ¿quién se atreve a plantear hoy un intervención para hacer un pueblo más amable, más acogedor, más vivible?, y han sustituido estos objetivos que fueron los que dieron sentido y vida al Urbanismo por otros: por la competitividad, la captación de inversiones, el marketing urbano,… El análisis de lo que los anglosajones llaman “key words” en los planes e intervenciones urbanísticas contemporáneos lo confirman plenamente.

JGM

 

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