Alegaciones al Presupuesto Municipal para 2013 (Por Municipios 21)

 

A L E G A C I O N E S

PRIMERA.- En el anexo de endeudamiento no se incluye todo el que tiene el Ayuntamiento. Falta el endeudamiento de proveedores provenientes de ejercicios ya cerrados,  así como los ingresos indebidos provenientes a los convenios de planeamiento del sector Prado Colladillo-Las Portaleras y los incluidos en los AA1 y AA2. Especialmente sobre el convenio del sector Prado Colladillo-Las Portaleras se debe significar que, según cláusula UNDECIMA, el plazo para que el Ayuntamiento cumpla con sus compromisos termina el 30 de enero del 2011. Según estas circunstancias el Ayuntamiento debe prever la devolución de las cantidades ingresadas por el promotor sin perjuicio de que por otro lado el convenio pueda ser declarado fuera de normativa.

SEGUNDA.- En el anexo de endeudamiento no se incluye la operación de Factoring que con ocasión de la liquidación del contrato con la firma FCC se estableció, según se desprende del acuerdo aprobado en el pleno celebrado el 22/12/2011 y cuyo importe es, según acuerdo, de 2.247.494,35 €. Consecuentemente tampoco se prevé, en los créditos, los pagos de esta operación de endeudamiento.

TERCERA.- A lo largo del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012 no aparece ni una sola previsión de crédito, ni de ingreso, relacionado con la función de distribución del agua domiciliaria que los artículos 25, 26 y 86 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, atribuye, en todo caso, a la competencia del ente local. En el presupuesto presentado no hay ninguna previsión de ingresos por este concepto y sin embargo el Canal de Isabel II sí hace liquidaciones periódicas ante el Ayuntamiento por este concepto, siempre según declaraciones del Sr. Coba en reuniones y asambleas. De igual forma periódicamente el Canal de Isabel II pide conformidad de presupuestos para la renovación de tramos de la red de distribución, inversión ésta que tampoco aparece en el proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio 2013 y consecuentemente estas inversiones no se están incluyendo en el inventario municipal. De igual forma tampoco se observan créditos que financien los gastos que se realizan sobre la red de distribución de agua que es de titularidad municipal. Se podría estar dando el supuesto prohibido por la Ley de Haciendas Locales en su artículo 165.3  que prohibe de forma expresa la compensación de ingresos por créditos de gastos.
Para aclarar lo anterior se debe manifestar que en el capítulo 3 de ingresos los subconceptos 300- Servicio de abastecimiento de agua, 301- Servicio de alcantarillado y 304 – Canon de saneamiento, no tiene ninguno de ellos previsión alguna de ingresos. Se reitera que estas funciones relacionadas con el ciclo del agua están incluidas como una función básica que la ley 7/1985 encomienda, en todo caso, a los ayuntamientos. Por tanto estos presupuestos deben reflejar tanto la previsión de ingresos, como de los gastos, que esta función básica lleve consigo para el Ayuntamiento y todo ello considerando, si así fuera, las estipulaciones contractuales incluidos en convenios o contratos que el Ayuntamiento tenga establecidos para este fin. Debe recordarse que una parte importante de la población no está recibiendo el servicio de depuración de aguas residuales, cuestión que si se esta haciendo la otra parte del municipio.
Todo lo anterior se manifiesta bajo las perspectivas del desconocimiento que se tiene de la previsión de puesta en funcionamiento de los convenios firmados entre Canal-Comunidad de Madrid-ayuntamiento de Valdemorillo, pero en cualquier caso se debe dejar dicho que las infraestructura de la red de distribución son municipales y cualquier previsión de inversión que sobre ellas se realice debe estar contemplada en la previsión de gastos/inversión por un lado e ingresos por otro.

CUARTA.- Asociado con el punto anterior se manifiesta de forma clara la circunstancia de crédito insuficiente en el programa “161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas”, dotado solamente con 8.000 euros para las funciones básicas de distribución de agua y saneamiento, quedando estas funciones totalmente abandonadas por este Equipo de Gobierno, en la mayor parte del territorio municipal.

QUINTA.- Más del 50 % de la población vive en zonas donde no se recibe el servicio básico de alumbrado público. El Ayuntamiento sí se hace cargo de los costes del suministro de energía eléctrica pero no así del mantenimiento de las redes de alumbrado, que esos vecinos deben financiar con cuotas extras adicionales, convirtiéndose estas cuotas en auténticos impuestos recaudados por ente no autorizado y sin la cobertura de la correspondiente ordenanza municipal. Se deduce por tanto que el programa “165- alumbrado público”, estaría insuficientemente dotado, para que el Ayuntamiento haga frente a las obligaciones que la ley 7/1985 impone a todos los municipios. Ver artículos 25 y 26 de la citada. Se recuerda también que el artículo 136 de la ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la obligación de financiar, en estos casos, a las Entidades Urbanísticas de Conservación, financiación ésta que no se observa en ningún programa de gastos.

SEXTA.- Respecto al programa “155 Vías publicas”  dotado con unos créditos que ascienden a 205.000 € y donde se entiende están incluidas las funciones de limpieza viaria y jardinería se manifiesta totalmente insuficiente dado que estas funciones no se realizan en la mayor parte del suelo urbano debiendo ser realizadas con recursos adicionales por  partes de los vecinos de las urbanizaciones sin que estas funciones se vean subvencionadas por parte de las arcas municipales, como es preceptivo.
Se manifiesta por tanto que el programa 155 esta deficientemente dotado para que el Ayuntamiento haga frente a una de las obligaciones que la Ley 7/1985 establece como preceptiva, en todo caso, a los Ayuntamientos. Ver artículos 25 y 26 de la citada ley.

SEPTIMA.- En la actualidad en una parte importante del municipio, la realidad es que  los vecinos tienen que realizar funciones complementarias en la recogida de residuos sólidos urbanos. Se tienen que limpiar los sitios reservados para los contenedores de recogida de los residuos sólidos urbanos porque el Ayuntamiento no cubre esos servicios que como en casos anteriores son de obligado suministro por el Ayuntamiento. Por consiguiente se debe entender que el programa “162  Recogida, eliminación y tratamiento de residuos”, está insuficientemente dotado.

OCTAVA.- El programa de gastos “132 Seguridad y orden publico”, está dotado con créditos por un valor total de 1.856.000 €, cantidad lo suficientemente elevada como para parecer totalmente suficiente. Sin embargo de todos es sabido que varias zonas urbanas dispersas, urbanizaciones, tienen contratado un servicio adicional de vigilancia que ellos financian. Todo parece indicar que o el servicio recogido en el programa 132 es insuficientemente, o que éste está muy mal gestionado lo que puede ser más que evidente dada la estructura de mando que sobre 36 personas se establece. Lo que no debe quedar ninguna duda es que el servicio de seguridad del Ayuntamiento y el privado coexisten en el mismo espacio público, por otro lado permitido por el Ayuntamiento, lo que deja todo tipo de dudas dadas las circunstancias de ser un servicio básico obligado a prestar por el Ayuntamiento, según determina los artículos 25 y 26 de la ley 7/1985.

NOVENA.- En relación con el programa de gastos 132 anteriormente citado y conociendo que éste es financiado en una parte importante por convenio con la Comunidad de Madrid, se deberían establecer todas las cautelas posibles ya que  noticias provenientes de la Asamblea Regional vienen insistiendo en el objetivo que ésta tiene de reducción de la partida correspondiente para financiar el programa de la BESCAM lo que redundaría en un claro desfase presupuestario municipal, inadmisible en la técnica presupuestaria.

DECIMA.- No debe confundirse, como todo parece indicar que se hace, la obligación que el Ayuntamiento tiene, según el articulo 136 de la Ley del suelo, de subvencionar las actividades reconocidas en los estatutos de las Entidades de Conservación, con la referencia que se hace a estas entidades en el programa de gastos “350 Entidades urbanísticas”. Por consiguiente los créditos incluidos en este programa no deben relacionarse de ninguna forma con esa obligación que en cualquier caso deberían estar incluidos en el Area de Gastos 1

UNDECIMA.- Es una realidad que el ayuntamiento de Valdemorillo se encuentra inmersa en un plan de saneamiento. Es cierto que la normativa nada dice sobre la relación entre presupuesto y plan, pero la racionalidad impone la necesidad de analizar y justificar que con este presupuesto se garantiza el plan de saneamiento. Se debería establecer una comparativa de cuyo análisis se infiera el cumplimiento o incumplimiento del citado plan de saneamiento.
Realizada esa comparación para el año 2012 que, a nivel de alegaciones del presupuesto 2012, se citaba una previsión de empeoramiento relativo de 399.000 euros, la previsión que se observa de la liquidación provisional del 2012 es de un empeoramiento que se eleva a 2.378.000 euros. De aquí que las diferencia para el 2013 que se prevé de 336.000 euros, en positivo, deba justificarse. De lo contario este presupuesto corre el riesgo de que no de respuesta positiva al plan de saneamiento.

UNDECIMA.- No hay a lo largo de todo el expediente de presupuestos una mínima justificación de todos los ingresos (los más significativos por su importancia económica) que no estén sometidos a un padrón. Así, no hay ninguna justificación de su racionalidad de los ingresos del capitulo 4.
Para evitar unos muy posibles desfases en estos capítulos de ingresos, se ve necesario acompañar un estudio justificativo de los ingresos más significativos, que no estén sometidos a padrones cobratorios, y según su resultado modificar los presupuestos presentados.
Lo dicho en las líneas anteriores cobra una importancia mucho más relevante cuando nos referimos, como ya se ha dejado dicho, a las transferencias debidas al convenio de la BESCAM. También se deben justificar de forma expresa las transferencias corrientes que periódicamente hace el Estado. Baste ver la realidad que se espera de este capítulo para el ejercicio 2012.

DUODECIMA.- En la partida 338.48900 “Subvención Festejos Taurinos” se prevé un crédito de 100.000 euros para el pago de la organización de las ferias taurinas encomendadas  y contratadas con EDISAN por un importe económico de 78.131,57 euros, IVA incluido. Se observa que se realiza una previsión muy por encima de los compromisos que para el Ayuntamiento supone la firma del contrato administrativo con la firma EDISAN en relación a la organización de las ferias taurinas de San Blas y septiembre. Se debe ajustar estas cantidades a las cantidades contractuales ya que modificaciones posteriores realizadas en plenos, incluso vía mociones, no están sujetas a derecho, resultando una vulneración de las bases del concurso y de la propia Ley de Contratos de la Administración Pública.
Sin perjuicio de lo manifestado en el párrafo anterior, por otro lado se debe manifestar que es improcedente la utilización de una partida dentro del “capitulo 4 – transferencias corrientes”, para incluir créditos para una partida que está soportada por la vía de la relación contractual. También se debe decir que realizarlo por la vía de transferencia se vulnera la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto del Valor Añadido.

DECIMOTERCERA.- La aplicación de lo estipulado en el Real Decreto Ley 20/2012 en lo relacionado con la paga extra de Navidad para el ejercicio 2012 debería significar que se prevean crédito para el ejercicio 2013 para cumplir con la obligación derivada de la afectación del ahorro en el ejercicio 2012 para la provisión a fondos de pensiones o seguros colectivo.
Se debe prever a nivel presupuestario el importe global afectado y el número de ejercicios en los que se aplicaran, lo cual debería hacerse en una base de ejecución el criterio general y la aplicación especifica en la correspondiente partida presupuestaria. De no hacerse así se estaría incumpliendo el citado Real Decreto.

DECIMOCUARTA.- De todos es sabido sobre la existencia de un numero considerable de urbanizaciones que están funcionando bajo la cobertura legal de Entidades de Conservación, que realizan funciones de básicas, ya referidas a lo largo de estas alegaciones, y consideradas en la ley 7/1985 como de prestación obligatoria por el Ayuntamiento.
Sabido es que según el artículo 136 de la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en esos supuestos el Ayuntamiento debe subvencionar a las Entidades de Conservación.
Sabido es que el Reglamento de Gestión Urbanista considera a estas entidades con el carácter de administrativas dependientes de la administración actuante, el Ayuntamiento.
En base a lo anterior debería entenderse que el presupuesto municipal debería incluir no solo el presupuesto del propio Ayuntamiento sino de todos los organismos que de él dependen como son, en este caso, las Entidades de Conservación. Solo así se tendría una imagen real de los costes de todos los servicios básicos que entre uno y otros prestan a los vecinos de Valdemorillo.
Según todo lo anterior los presupuestos que ahora se alegan tienen un problema con dos posibles enfoques: Por un lado la falta de subvención de las Entidades de Conservación, cuestión que puntualmente se ha recogido en los distintos servicios que se consideran deficientemente dotados. Por otro la no inclusión de los presupuestos que cada una de ellas tenga en este mismo expediente de presupuesto municipal.

DECIMOQUINTA.- La Base 30, donde se estipulan las percepciones de los miembros de la Corporación, establece de forma no ajustada a la realidad la forma de atribución de cantidades a sus miembros.
Por un lado atribuye mismo sueldo y/o percepciones a la señora alcaldesa y a la primera teniente de alcalde, atribuyendo a ésta el doble de percepción que a cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno o tenientes de alcalde. No parece que las atribuciones de unos y otros se correspondan con esta percepción de 4.085 euros por paga, 14 pagas al año.
Por otro lado se define de forma totalmente imprecisa las circunstancias de percepción de dietas y en algunos casos vulnerando el artículo 97.2 del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social. Efectivamente, los concejales que tiene dedicación total según la anterior norma asi como los que tengan dedicación parcial según el articulo 75.2 de la Ley 7/1985, deben darse de alta en el régimen general de la Seguridad Social. La alternativa de dietas no solo imposibilita, en algunos casos, este alta sino que además, tal y como está planteada, es una clara vulneración de estas leyes. Por consiguiente se puede afirmar con total tranquilidad que esta base 30 es, en los aspectos citados, totalmente ilegal y supone una estafa a la Seguridad Social.
También se debe especificar de forma clara, sin dejar cabida a posibles interpretaciones, ni aplicación arbitraria y caprichosa, las circunstancias en las que se debe cobrar dieta. Según la redacción que se da para el ejercicio 2013. Se esta observando que de forma sistemática todos los miembros del Equipo de Gobierno asiste a la Junta de Gobierno aunque no sea miembro de ésta. Esta asistencia, de forma sistemática, trasluce la posibilidad de que de forma arbitraria estén asistiendo a las reuniones de la Junta de Gobierno, sin que ello fuese necesario, con el único objetivo de dar la posibilidad del cobro de dietas. Se ha de decir a favor de lo manifestado que en la anterior legislatura esta asistencia no se daba de forma sistemática o habitual.
Por otro lado en la citada base 30 se hace referencia a sueldos brutos y sueldos netos, lo cual es obvio que da cabida a interpretaciones engañosas, lo que a toda costa debe evitarse.

DECIMOSEXTA.- En el anexo de personal se aprecia que los niveles de los puestos de trabajo que se asignan a los funcionarios varían entre el 12 dado a operario o administrativo y el nivel 30 asignado a los funcionarios de habilitación estatal.
Analizados estos niveles se ve una descoordinación entre lo establecido en normas estatales donde se fijan importes para los diferentes niveles y diferentes conceptos retribuidos. Según los niveles que se proponen al pleno su aprobación, el puesto de secretario, el de intervención y el de tesorería estarían equiparados, se cita a titulo de ejemplo,  a un Director General de la Administración General del Estado. El resultado de esta comparación hace pensar que los niveles retribuidos están asignados con una falta total de objetividad y desde luego con una falta total de equidad con el resto de funcionarios públicos ya que se estarían asignado niveles más altos en este Ayuntamiento  que a otros funcionarios en otras administraciones con más responsabilidad, tanto en puesto como en desempeño. Se pide por tanto se revise los niveles asignados a los funcionarios.
Incluso dentro del mismo grupo o clase C1, y misma función, administrativo, hay diferentes niveles retribuidos en el complemento específico. Debe realizarse de forma urgente la valoración de los distintos puestos de trabajo y en función de esa valoración realizar la asignación de nivel. La falta de esa valoración significa la existencia de una falta total de objetividad y por consiguiente la posibilidad de existencia de casos de arbitrariedad.

DECIMOSEPTIMA.- De forma general, en los diferentes niveles del grupo A, y en algunos del grupo C, en relación al “complemento especifico”, se puede constatar, un incumplimiento y vulneración de lo estipulado en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, que fija los límites máximos para este complemento.

DECIMOOCTAVA.- En cualquier caso en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012 no se define en ninguno de sus anexos la masa salarial disponible para la asignación a complemento especifico lo que supone una vulneración del articulo 4 del Real Decreto citado en sus apartados 2 y 4.  Se debe por tanto especificar en el proyecto de presupuesto cual  es el montante de esa masa retributiva global disponible para los complementos específicos. La falta de este dato no se suple con la idea de que cada uno de los puestos tiene asignada su masa retributiva. Es necesario pues especificar de forma expresa esa cifra de MASA RETRIBUTIVA GLOBAL, tal y como se determina en el citado Real Decreto 861/1986
De los datos presupuestarios se deduce que el montante económico del complemento específico es del orden del 115 % cuando la norma lo limita al 75 %.

DECIMONOVENA.- A lo largo de las partidas presupuestarias de gastos podemos ver varias partidas que hacen referencia a “gratificaciones”, “otras remuneraciones”, “Personal eventual y suplencias” y “complementos habilitación”, con unos créditos globales de 63.000 euros. Estos complementos carecen de una total falta de tipificación, de regulación y criterios de pago en estos presupuestos y en cualquier caso una vulneración total de lo establecido en el artículos 5, 6 y 7 del Real Decreto 861/1986. Se debe, por tanto, establecer la regulación de estos complementos, máxime si algunos de ellos, como podría ser el de la partida 932.15100 que, por sus características, podría estar pensado para persona concreta.

VIGESIMA.- Se puede observar que la partida presupuestaria de ingresos “391.00 Multas por infracciones urbanísticas” está dotada con un importe de 50.000 euros.
Según determina el articulo 234 de la ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo en la Comunidad de Madrid, el importe de las multas urbanísticas se debe destinar al Patrimonio Publico del Suelo. No se observa en el anexo de inversiones incluido en este proyecto de presupuesto que lo anterior se cumpla. Tampoco se observa, en ningún sitio, que este importe debe estar afectado a destino específico lo cual hace que de forma general quede disponible para cualquier gasto general.
Se debe corregir esta deficiencia, salvo que de forma expresa e intencionada se pretenda vulnerar lo estipulado en la citada ley.

VIGESIMA PRIMERA.- Resulta totalmente incomprensible e inadmisible que de todos estos problemas no haya ni una sola referencia, ni un solo problema que se haya puesto de manifestó en el informe de intervención. Todo parece indicar la no existencia de persona que ocupe este puesto, con un mínimo de responsabilidad y dignidad personal y profesional que vigile por los intereses generales del ayuntamiento de Valdemorillo, lo cual se pone en evidencia año tras año al repetirse desde los presupuestos del 2008 la expresión “puesto de intervención – VACANTE”.

VIGESIMA SEGUNDA.- En el informe de intervención se omite legislación que es aplicable a estos presupuestos municipales ya que en estas normas se imponen condiciones y exigencias a ciertos gastos, ingresos o procesos a seguir en el municipio y muy especialmente en el proceso presupuestario. Entre ellas se encuentran:
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo en la Comunidad de Madrid.
Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento del Agua en la Comunidad de Madrid.
Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo económico de la Ley 17/1984.
Ley 30/1984, del 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribución de los funcionarios de la Administración Local.
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria.
Se pide por tanto se incluya, no solo su referencia en la normativa aplicable, sino también que a través del desarrollo presupuestario se guarden y se hagan cumplir sus preceptos

VIGESIMA TERCERA.- En el informe de intervención se observa también la falta del requisito legal de manifestación por parte de la persona que tiene la responsabilidad de intervención si a esa legislación se le da cumplimiento en el expediente de proyecto de presupuesto presentado e inicialmente aprobado.

VIGESIMA CUARTA.- En el anexo de avance de liquidación del ejercicio 2012 es difícilmente entendible como es posible presentar y aprobar un expediente de presupuestos con una liquidación provisional, obligada por la norma, con gastos e ingresos hasta el 31/08/2012, con errores tales como que los Derechos Netos Reconocidos del ejercicio 2012, a fecha del informe, ascienden a 10.170.812,88 euros solo en el Capitulo 1. También se presenta con errores, aunque menos significativos, en el capitulo 3.
 Si el IGAE establece como obligación la inclusión de este informe no se debe entender como un capricho sino como una información que añade algo útil al expediente del presupuesto futuro. Desde luego que esta información no lo es. Y no lo es porque es errónea tanto en sus partidas como en la falta de totalizar los ingresos.
Por todo lo anterior expuesto y alegado, a ese Pleno de la Corporación se

S O L I C I T A :

Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones contra la aprobación inicial del proyecto de presupuesto del ejercicio 2013, realizada en el Pleno que la Corporación celebró el pasado 11 de octubre y como tal sean discutidas y en merito a los razonamientos y motivaciones que se exponen, aceptadas y por tanto se solicita de forma expresa que el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2013 y que obra en el expediente, sea devuelto a la señora Presidenta al objeto de su revisión para que el presupuesto para el ejercicio 2013 sea sometido a los principios y requisitos presupuestarios establecidos en la legislación vigente.

Todo lo cual lo dice en Valdemorillo, a trece de noviembre del dos mil doce.

 

M21

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