La charanga popular (Por Luis Chamarro)

La señora alcaldesa, López Partida,  su señor padre, y  los concejales Francisco Coba, Mercedes Martín y  Milagros González han de declarar el once de marzo próximo como testigos por la denuncia que Francisco Osuna, exconcejal de Hacienda y Deportes, con el gobierno popular del anterior mandato, interpuso contra el entonces su partido.

El señor Osuna reclama más de dos mil euros al Partido Popular por las aportaciones que como concejal entregaba a la señora González, en su función de cobradora, cantidades que eran entregadas a la tesorera, la señora Martín. Esta, a su vez, hacía lo propio con el padre de la señora alcaldesa, propietario del local que disfruta el Partido Popular en Valdemorillo. El alquiler mensual era de seiscientos euros que se sufragaban con las aportaciones de setenta y cinco euros por parte de cada uno de los concejales del Partido Popular en aquel periodo.

La reclamación del señor Osuna viene motivada por que la señora alcaldesa, Pilar López Partida, manifestó públicamente que no había contrato alguno de alquiler de ese local. Ello tras la denuncia que el referido había puesto previamente ante la Agencia Tributaria por no haberse liquidado el IVA, tal como señala la ley. La negativa casi unánime del Comité Ejecutivo Local a poner orden en esta cuestión provocó que ahora sean las instancias judiciales y administrativas las que determinen la salida.

La certificación del señor Coba, como Secretario General, negando la existencia de un contrato de alquiler deja en evidencia las razones por las que se requerían de los concejales las aportaciones mensuales de setenta y cinco euros durante mas de dos años, en este caso reclamado.  En este sentido se manifestó la señora alcaldesa en las ondas de la SER cuando, por intermediación de los ahora sus socios, los de PIVALDE, entonces en la oposición, fue aireada la cuestión tratando de sacar ventaja electoral. Ahora, con negocios compartidos, parecen haberse olvidado de lo que en su día reclamaron como una conducta inaceptable.

En el caso de verificarse la existencia de una relación contractual, verbal o de hecho continuado, quedaría por aclararse el pago no declarado antela Agencia Tributaria, por donde empezaron las reclamaciones. El padre de la señora alcaldesa, propietario del local, habría obtenido unas rentas de las que habría tenido que dar cuenta fiscal, lo que no podría habérsele olvidado a la letrada alcaldesa asesorar pertinentemente.

En todo caso los citados como testigos están obligados a declarar la verdad y, aunque parezca un sarcasmo, de lo que manifiesten se hará la luz del lío de  la charanga popular local.

LCH

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s