Alegaciones a la Cuenta General 2012 (Por Municipios21)

A L E G A C I O N E S:

PRIMERA.- De lo observado se desprende que en la cuenta general faltan los documentos relativos a: “II. Liquidación del presupuesto de ingresos” y en la Memoria el documento referido a su punto “20.4 Gastos con  financiación afectada”.

SEGUNDA.- En este expediente o falta el informe de secretaria o el informe de intervención omite la legislación que le es aplicable. Se omite también la manifestación o requisito que establece la normativa de manifestar expresamente la legislación aplicable y si el expediente se adecua o no a esa legislación. Nada dice sobre la contabilidad que se sigue, fruto de la cual es esta cuenta general, si es la establecida para esta tipo de instituciones o no.
Faltarían por consiguiente las conclusiones de la intervención de la adecuación del expediente a la legislación aplicable, cual es ésta y si la cuenta general es un fiel reflejo de la situación económica-financiera del Ayuntamiento.

TERCERA.- Del balance incluido en la cuenta general se observa que el saldo de la cuenta 227 que corresponde según la Instrucción de Contabilidad Local “equipos para el proceso de la información”, está a cero. Contrasta este hecho con una visión de lo que son los puestos de trabajo de las diversas oficinas del Ayuntamiento en las que se ven equipadas con ordenadores que son los equipos para el proceso de la información. Parece claro que ambas realidades no se corresponden.
Procede por tanto revisar la cuenta y adaptarla a la realidad física que se observa ya que este inmovilizado no está recogido en la cuenta que la Instrucción de Contabilidad Local prevé.

CUARTA.- En el balance de la cuenta general se observa que el saldo de la cuenta “215- aplicaciones informáticas” es cero. Es racional pensar que los equipos referidos con anterioridad, de proceso de información, deben trabajar con ciertas aplicaciones informáticas cuyos valores deberían estar considerados como inmovilizado inmaterial e incluirse su valor en la cuenta que se cita.
Se debe entender que el Ayuntamiento está usando diversas aplicaciones informáticas para: el tratamiento de nominas; para tratamientos de textos; para el tratamiento de sus bases de datos, para el tiramiento de cálculos; para el diseño grafico CAD-CAM necesario en urbanismo; para la maquetación de publicaciones; para tratamientos de imágenes; para el acceso a la red general de datos; para la gestión del servidor de la red interna y portal del Ayuntamiento; demás de lo que por obvio es fácil olvidar, el sistema operativo que hace que los ordenadores de que dispone el Ayuntamiento puedan funcionar.

No puede aducirse, como ya se ha realizado en anteriores ocasiones, que estos equipos y/o sistemas proceden de proyectos de colaboración con la Comunidad Autónoma, Sea cual sea su procedencia siempre deben estar inventariados bien por su valor de compra o por su valor de transferencia desde otra administración pública. El no registro podría entenderse como el uso fraudulento de programas informáticos.

De esta falta se puede sacar en conclusión de que: o bien los diferentes paquetes de software están mal recogidos en la contabilidad lo cual requiere una revisión de la contabilidad; o bien lo que está ocurriendo es que el Ayuntamiento este utilizando software pirata, es decir sin licencias, lo que colocaría al Ayuntamiento en una situación jurídico-comercial tremendamente complicada. Si esta última alternativa fuera el caso el Ayuntamiento debe regularizar, de forma inmediata, esta situación y comprar las correspondientes licencias, dando de alto su valor en la cuenta que se refiere.
QUINTA.- En el balance se puede ver que en su pasivo y en el epígrafe “D) ACREDORES A CORTO PLAZO”, figuran saldos en las cuentas 560, 561, 40, 41, 475 a 477 554 y 559, por un valor total de 2.958.626,98 euros. Este valor contrasta, con una diferencia significativa, con la cifra de 2.825.194,03 euros recogida en el remanente líquido de tesorería en su epígrafe “3 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO”.

Se entiende por este administrado que estos dos epígrafes deben recoger los mismos conceptos y por consiguiente su montante económico debe ser el mismo.

Por consiguiente se debe corregir allí donde proceda para que estas desviaciones no existan de forma que el Balance y el estado del Remanente de Tesorería den la misma información. Las contradicciones indicadas son inaceptables para una contabilidad e institución seria, rigurosa y útil.

SEXTA.- En la cuenta de resultado del ejercicio se incluye una provisión para amortizaciones, cuenta 68, de tan solo 160,07 euros lo que, dado el inmovilizado general amortizable que tiene el Ayuntamiento, se ve totalmente insuficiente. Esto hace que el saldo de desahorro que se determina en la citada cuenta, de -1.363.206,24, sea falso. Se vulnera de esta forma la normativa contable y muy específicamente lo determinado en las reglas 18 a 21 de la ICL. Resulta llamativo que el documento de la cuenta del resultado económico-patrimonial no recoja de forma explícita este falso saldo.
La falta de amortización de aquellos bienes que son amortizables, supone una sobre-valoración del ahorro que se da en la cuenta de resultados económicos patrimoniales y con ello se puede llevar a graves errores en las decisiones que, en base a este dato, se debieran tomar.

Es necesario incluir todas las amortizaciones de los bienes que debiendo estar en el grupo contable 2, deban ser amortizables.
SEPTIMA.- En el activo del Balance, su cuenta 281 de acumulación de amortización tiene saldo 160.07 cero, lo que evidencia que no se recogen ni de ejercicios anteriores ni de este las amortizaciones. Esto hace que el saldo del activo del Balance sea falso. 
OCTAVA.- Se observa en la cuenta anual “Balance” que la cuenta 129 arrastra el mismo error citado anteriormente. Como el saldo citado, de – 1.363.206,24 euros, resulta ser falso, por lo ya manifestado, se puede afirmar, con total tranquilidad y seguridad, que el saldo del pasivo incluido en el balance es totalmente falso.

Es necesario corregir estas graves omisiones para que el Balance sea un fiel reflejo de la situación económico patrimonial del Ayuntamiento.
NOVENA.- Las cuentas que el plan contable prevé para la contabilización separada del Patrimonio Público del Suelo, del subgrupo 24, tienen todas saldo cero. En estas cuentas deberían aparecer cargadas con los productos de los aprovechamientos urbanísticos que el Ayuntamiento ha recibido desde el 25 de julio del 1990, con los correspondientes ajustes en función de los empleos a los cuales se hayan dedicado los recursos propios de esta institución.
El saldo acumulado, “cero”, de estas cuentas muestra que de forma sistemática se vulneran las normas que regulan la contabilización y el empleo de este patrimonio público del suelo. Así, se vulnera de forma clara los artículos 38 y 39 del Texto Refundido de la Ley del Suelo del 2008. Se debe manifestar que dichos artículos sucesores de los artículos 33 y 34 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, y de los artículos 276 y 280 del Texto Refundido de la Ley del Suelo del 1992, normas, estas últimas, que la primera deroga pero que hasta el 26 de junio del 2008 estuvieron vigentes y que de forma flagrante se han venido vulnerando sistemáticamente por este Ayuntamiento e ignoradas por esta y otras intervenciones. Muestra de ello es que su saldo es cero aún a pesar de haber recibido este Ayuntamiento productos de los aprovechamientos urbanísticos de los desarrollos de los SAU 1, 2, 4 y 5, así como los patrimonios derivados de los derechos públicos de los aprovechamientos lucrativos de las  UA 2, 3, 4, 5, 6, y 7 y también de la UE9, que no se han empleado o no se han contabilizado tal y como la normativa urbanística citada viene exigiendo.

También se han vulnerado de forma sistemática los artículos 173 a 183 de la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid, que regulan todo lo concerniente a la gestión, explotación y contabilización del patrimonio público del suelo.

Por todo esto se concluye que, previo a la aprobación por el pleno de esta cuenta general, se debe corregir esta grave deficiencia. Los ingresos monetarios que año tras año se han venido ingresando por la venta del patrimonio público del suelo, como son los derechos derivados del aprovechamiento lucrativos se deben contabilizar tal y como lo exige la normativa contable y urbanística.  Este extremo no parece tener la menor importancia a juicio de la intervención de este Ayuntamiento. Se pregunta por tanto a la Intervención, así como a la señora cuentadante ¿Dónde ha ido a parar este patrimonio que no está contabilizado tal y como la normativa lo exige? Se concluye por este administrado que el Balance no es un fiel reflejo de la situación económica-patrimonial del Ayuntamiento por lo que se puede decir que esta cuenta general esta falseada, lo que se esconde en la omisión realizada por la intervención en su informe, ya apuntado en puntos anteriores.

DÉCIMA.- Ahondando aun más en el aspecto anterior, durante el ejercicio 2011, tal y como están recogidos en la partida de ingreso presupuestaria “39100 – Multas y sanciones por infracciones urbanísticas”, se recogen sobre un total de previsiones de 50.000 euros, unos derechos reconocidos netos de 97.774,65 euros.
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid dice en su artículo 234 que
“Los ingresos en concepto de sanciones se destinaran al patrimonio público del suelo de la administración que las hubiera impuesto…”.
Por un lado cabe manifestar, reiterar,  que éste es otro indicio de que el patrimonio público del suelo nunca puede ser cero en este Ayuntamiento.

Por otro lado cabria preguntarse, pues de la cantidad reconocida como derecho guarda grandes divergencias con la efectivamente recaudada de 3.277,40 euros, si no estamos ante el caso de una amnistía, o peor aún, si no estamos ante un abandono de las funciones que tiene encomendadas el Ayuntamiento en lo relativo a disciplina urbanística.
Todo parece indicar que estos derechos e ingresos van destinados a financiar todo tipo de gastos, incluidos los corrientes, vulnerando principios básicos de la legislación vigente. Se debe corregir la contabilidad y esta cuenta general al objeto de dar cumplimiento a lo exigido en la citada Ley del Suelo, todo ello previo a la aprobación definitiva por el pleno de esta cuenta general.

UNDÉCIMA.- El señor interventor dice textualmente en su informe que el expediente de esta cuenta general presentado
“reúne la totalidad de los requisitos y documentos que precisa..”.
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en su artículo 177 dice que
“a la liquidación de las cuentas de los presupuestos anuales se deberá acompañar un informe de gestión de la explotación del patrimonio público del suelo que será objeto de control en los mismos términos que aquella”.

A lo largo de todo el expediente no se ha encontrado el citado informe de gestión y como se deja claro en otras alegaciones no hay lugar a ninguna duda de que el patrimonio público del suelo debe tener bienes con algún valor, sin duda nada despreciable, y sin embargo las cuentas del subgrupo 24 están a cero, sin saldo.

Esta Cuenta General, con estos graves problemas e incumplimientos de la legislación vigente, no se debe aprobar. Se debe devolver a la señora cuentadante. El señor interventor accidental miente en su informe al incluir la afirmación referida más arriba.

DUODÉCIMA.- En las cuentas no se contempla la contabilización separada de todos los ingresos y gastos derivados de la gestión del ciclo del agua. Así lo establecen los artículos 14 de la Ley del Agua de la Comunidad de Madrid y 11 del Decreto 137/1985 que desarrolla los aspectos económicos de la Ley anterior. Según estos Los ingresos que este concepto origina son ingresos afectados a la función propia. Por consiguiente los derechos reconocidos, por valor de 672.600 euros de los que se han ingresado 336.300 deben dedicarse y contabilizarse a las funciones propias del ciclo del agua. Esto también lo ignora el señor interventor en su informe.

Por otro lado el abandono de estas funciones en una buena parte del municipio por parte del Ayuntamiento y el abandono que significa el dejar en manos de El Canal de Isabel II la función de distribución en otra parte del municipio amparándose en la firma de una convenio, olvidándose que las redes son propiedad del Ayuntamiento, lleva consigo una transferencia monetaria gratuita a la empresa que mediante convenio o sin él, realiza materialmente la distribución o simplemente la aducción del agua, el Canal de Isabel II, con cargo directo a los usuarios de este servicio.

La propia existencia del convenio entre el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento, operativo para una parte del municipio, no es motivo para que los importes económicos, tanto de gastos como de ingresos no sean recogidos por la entidad perceptora, el Ayuntamiento, competente en la función de suministro y saneamiento.
Lo mismo ocurre con todo lo relacionado con las inversiones de red realizadas con cargo a la cuota de distribución y la suplementaria y la recaudación realidad en base a esta cuota suplementaria. Como se ve en la cuenta general no tiene ningún tipo de control por parte de la intervención.

Se requiere por tanto incluir en la Cuenta General,  de forma separada, todo lo relacionado con el tema del agua y cuya responsabilidad legal corresponde al Ayuntamiento. Se reitera que esta falta de control tiene un coste adicional para cada uno de los vecinos de Valdemorillo, coste que el Ayuntamiento por otro lado regala gratuitamente al Canal.

Se debe corregir esta grave deficiencia contable y presupuestaria previo, obviamente, a la aprobación por pleno de esta cuenta general.
DECIMOTERCERA.-  Se observa que la partida de gastos 338 48900 – “Subvención de festejos taurinos” –  recoge como obligación reconocida y también como liquidada  el importe de 113.088,42 euros. Se observa también que en el contrato de adjudicación de fecha 04.07.2002 que el Ayuntamiento se compromete al pago de 78.131,57 euros IVA incluido. Tratándose de un contrato sometido a la antigua Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, no procede su modificación, y menos aún, para el pago con importantes incrementos bajo el concepto de subvención.

Ya es sabido que este incremento lo basa esta señora cuentadante en acuerdos de plenos realizados mediante proposiciones o mociones y por consiguiente sin ningún tipo de control ni económico ni legal. Por esta razón se ve necesario el pronunciamiento, no solo de la intervención sino también de la secretaria, donde se deje manifestado, de forma expresa, si este incremento es legal o no lo es.

Además se da la circunstancia de que este proveedor está inmerso en un proceso judicial al amparo de la Ley Concursal y que además ha dejado incumplidos partes de sus compromisos para con este Ayuntamiento. No obstante lo anterior a este proveedor se le ha abonado la factura del servicio, al menos dentro del ejercicio, mientras que a otros que sí parece estén  cumpliendo con sus obligaciones se les ha abonado solo una mínima parte  de las facturas presentadas.
Se pide por tanto que por parte de los servicios jurídicos y también económicos se informe de forma expresa sobre el incremento desmesurado por el pago de este servicio respecto a lo estipulado en el contrato. Este administrado entiende que la intervención jamás debió informar positivamente el pago en la cantidad realizada y por consiguiente no procede la aprobación de esta Cuenta General sin que previamente se haya solucionado este problema.

DECIMOCUARTA.- En el informe de intervención de fecha 28/03/2011 se reconoce que la reducción de sueldos del año 2010, en aplicación de lo estipulado en el Real Decreto Ley  8/2010, ha sido de 93.306,15 euros. En aplicación del artículo 14. Uno de este Real Decreto Ley, ese importe se debe aplicar en primera alternativa a compensar saldos negativos del Remanente Liquido de Tesorería y como segunda alternativa en la reducción del nivel de endeudamiento a largo plazo. Dado que el RLT, que se incluyó en la liquidación del presupuesto 2010 fue positivo, el importe citado se debe aplicar a la reducción de la deuda. No se aplicó en la liquidación de la cuenta del ejercicio 2010 y a pesar de que en el pleno del 26.03.2012 se repitió por parte de la señora cuentadante, por el señor interventor y por la señora concejala de Hacienda, que este importe aparecería ya aplicado en la cuenta del ejercicio del 2011. No lo estaba entonces y sigue sin estarlo a fecha del cierre de la cuenta del 2012 tal como lo manifiestan los saldos de ejercicios cerrados.

Al señor interventor y a la señora cuentadante conviene recordarles que la ley está para cumplirla y cumplirla significa que este saldo de 93.306,15 debe aplicarse de forma inmediata al fin que legalmente esta previsto: amortización de deuda si el remanente de tesorería es positivo, como fue el caso. El señor interventor accidental debería hacer mención en su informe sobre este incumplimiento. No lo hace, mostrando de esta forma su clara independencia.

DECIMOQUINTA.- Como en el punto anterior el señor interventor en su informe de fecha 27/02/2012 reconoce que la reducción de sueldos del año 2011, en aplicación de lo estipulado en el Real Decreto Ley 8/2010, ha sido de 157.532,13 euros. En aplicación del artículo 14. Uno de este Real Decreto Ley, ese importe se debe aplicar en primera alternativa a compensar saldos negativos en el Remanente Liquido de Tesorería y como segunda alternativa en la reducción del nivel de endeudamiento a largo plazo. Dado que el RLT, que se incluyó en la liquidación del presupuesto 2011 fue positivo, el importe citado se debe aplicar a la reducción de la deuda. Como en el punto anterior, a fecha final de ejercicio 2012, tampoco esta aplicado este importe en cumplimiento de lo dispuesto por el citado Real Decreto Ley. La señora cuentadante y el señor interventor deberían recordar el acuerdo de pleno celebrado el 17.09.2012 donde se acordó la modificación presupuestaria incluyendo esta obligación.

El señor interventor accidental debería hacer mención en su informe sobre este incumplimiento y que reflejaba en su informe de fecha 06.09.2012. No lo hace, mostrando de esta forma, su clara independencia, como el mismo manifiesta, y su alta capacidad de auditoría de las cuentas.

DECIMOSEXTA.- El remanente líquido de tesorería que se incluye de 103.785,47 resulta ser, por varias razones, totalmente falso:
La primera es que el saldo de 1.695.052,91 que se incluye como “Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente” es falso. Según el documento incluido en el liquidación del presupuesto “II. Liquidación del presupuesto de ingresos” este saldo es de  1.793.897,86 euros. Ver Columna “derechos pendientes de cobro a 31de diciembre” del citado documento donde ya aparecen descontados de los saldos iníciales los derechos anulados, los cancelados y la recaudación neta. Se ha de significar que este documento no se ha incluido en la cuenta general a pesar de sí estarlo en la liquidación presupuestaria presentada al pleno.

La segunda es que no puede arrastrarse desde el ejercicio 2006 unos excesos de financiación afectada por valor de 310.785,32 euros, como manifiesta el señor interventor accidental, ya que como se puede ver en el propio documento del remanente liquido de tesorería ese saldo en el ejercicio 2011 era y es  “cero euros” (0,00 euros).

La tercera es que el saldo de 1.940.924,81 euros que figura  como saldo de dudoso cobro, siguiendo las normas generales y las especificas aprobadas en el pleno junto con el presupuesto del 2012, es decir el 22.12.2011 y que específicamente están incluidas en la Bases de Ejecución 43 y 47, estos saldos de dudoso cobro quedan circunscritos a los saldos de deudas fiscales, capítulos 1, 2 y 3, superiores a 4 años de antigüedad y además que estén prescritos. Analizando los saldos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que cumplan con esos requisitos, como máximo podrían ser de 958.701,00 euros. Es radicalmente falso que exista en este sentido una norma o recomendación de la Cámara de Cuentas, “criterios genéricos a aplicar en todos los municipios de Madrid dados por la Cámara de Cuentas” como literalmente dice en su informe de fecha 27.02.2013 el señor interventor accidental. No existe ni norma, ni recomendación, ni criterios genéricos ni de la Cámara de Cuentas de Madrid y menos de otras Comunidades. Simplemente, el señor interventor accidental miente y con ello interviene en la falsificación de las cuentas.
La aprobación por el pleno de estos saldos del remanente líquido de tesorería nos lleva a validar unos saldos que son falsos.

DECIMOSEPTIMA.- Las cuentas del subgrupo 18 donde se deben recoger las fianzas y depósitos a LP están a cero. Esto es muestra de que las realizadas, o que se han debido realizar, por las concesiones administrativas de por ejemplo: El centro comercial ejecutado en plaza del mercadillo; La concesión de construcción y explotación de la Plaza de toros; La concesión de explotación del parking en C/. La Paz; La concesión administrativa del colegio en UE9, y en general todas aquellas concesiones u obras públicas realizadas a largo plazo sus fianzas deberían tener un reflejo contable en las citadas cuentas. Puesto que es una realidad la existencia de esas concesiones la existencia de saldo cero en esas cuentas supone una irregularidad contable o incluso hasta una irregularidad económica.

Se debe por tanto corregir esta falta de reflejo en la contabilidad de estas fianzas o depósitos. La imagen que con esta cuenta general se da de la situación económica del Ayuntamiento es totalmente falsa.

DECIMOOCTAVA.- En el año 2006 el Ayuntamiento firmó con la empresa AFAR4 el convenio que denominó Prado Colladillo-Las Portaleras con unos compromisos de contenido económico por ambas partes. En la cuenta general estos compromisos económicos no aparecen, ni por parte de las cuentas del pasivo ni por el activo. Bien es sabido que AFAR4 ha desembolsado importantes cantidades en metálico (2.877.237,45 euros) y en bienes la cantidad de (2.329.124,29 euros, en total 5.206.361.74 euros, sin que el ayuntamiento haya cumplido su parte de los compromisos, estando incurriendo en costes de intereses tal y como se especifica en el clausurado de este convenio, por lo que se debe entender que es deudor neto de esta última cantidad. Sin embargo esta deuda no aparece por ningún sitio en la cuenta general aún a pesar de las exigencias puestas de manifiesto en su día por la intervención según se puede observar en informes del Sr. Martín Cabra, de fechas 12/02/2004 y 16/02/2004.

Estos aspectos deben ser recogidos por esta cuenta general si el pleno quiere que ésta sea un reflejo fiel de la situación económica y financiera del Ayuntamiento, de lo contrario esta cuenta quedara reducida a una información falsa.

DECIMONOVENA:- Al igual de lo manifestado en el punto anterior se puede decir de los convenios urbanísticos relacionados con las UE 10, 11, 12 y 13, con la en este caso de que los respectivos convenios han devenido en ilegales, no tiene cobertura normativa. Por tanto sus  materializaciones en metálico en ningún momento se ha aprobado y mucho menos sus valoraciones económicas. Por consiguiente el montante económico que dichos convenios han aportado, sin cobertura normativa, deberán estar incluidos en el pasivo del Balance y no lo están. Todo ello sin perjuicio de las implicaciones que ello pudiera tener sobre el patrimonio público del suelo.

Lo acabado de manifestar se ve reforzado por algunas peticiones de los propietarios afectados por esas unidades de ejecución, que habiendo pedido se les compensen estos, sus derechos, con algunas deudas tributarias lo que se ha reconocido y aprobado según resoluciones números 42/01, 43/01 y 43/01 de la concejalía de Hacienda, las tres de fecha 26.01.2012. Con esto queda constatado, según sus propias decisiones, que hay unas deudas no reflejadas en el cuenta general lo que debería suponer que quien haya informado positivamente estas resoluciones debería poner sus propias alegaciones a esta cuenta general pues ha reconocido unas deudas que no están en esta última.. Caso de no ser así se deberá poner en duda la profesionalidad de esa persona, cuando no entrar en cuestiones puramente personales.

Se deben incluir los importes correspondientes a estos falsos convenios, que por valor de 1.481.828,71 euros falsean esta cuenta general.

VIGESIMA.- NO se desglosan e identifican los diversos préstamos vivos a lo largo del ejercicio. La información incluida en las páginas 37 y 38 de la memoria.

VIGESIMO PRIMERA.- La operación de factoring que el Ayuntamiento firmó con Bankia con motivo de la liquidación del contrato de servicio con FCC tampoco aparece en ningún sitio.

Por lo anteriormente expuesto y alegado, al Pleno del Ayuntamiento de Valdemorillo se

S O L I C I T A

Que se tengan por presentadas estas alegaciones en tiempo y forma y se reconozca a este administrado, el derecho a presentarlas, ya que se cumplen los requisitos determinados legalmente.

Que se estimen las presentes alegaciones, pues todo lo que en ellas se ha manifestado se ajusta a lo estipulado en la normativa contable o sectorial aplicable y en consecuencia se desestime la propuesta de aprobación de la cuenta general del ejercicio 2011 y se  tomen las medidas que legal y técnicamente correspondan para que esta cuenta general sea un reflejo fiel de la situación económica, financiera y patrimonial del ayuntamiento de Valdemorillo a 31.12.2012, cuestión que la cuenta general presentada no cumple.
.
M21

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