Alegaciones al presupuesto municipal para 2014 (Por Municipios21)

PRIMERO.- Que el citado acuerdo de aprobación inicial ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del veintiocho de octubre último, dando un plazo de exposición al público de quince días hábiles a contar, según reza en la propia publicación, desde el siguiente al de publicación en el citado Boletín.

SEGUNDO.- Que en base a lo estipulado en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el que subscribe se encuentra legitimado para la interposición de las presentes alegaciones, todas ellas realizadas en base a lo estipulado en el artículo 170.2 del citado Real Decreto, y que expresa en los siguientes términos:

A L E G A C I O N E S

PRIMERA.- Es una realidad que el ayuntamiento de Valdemorillo se encuentra inmersa en un plan de saneamiento. Es cierto que la normativa nada dice sobre la relación entre presupuesto y plan, pero la racionalidad impone la necesidad de analizar y justificar que con este presupuesto se garantiza el plan de saneamiento. Se debería establecer una comparativa de cuyo análisis se infiera el cumplimiento o incumplimiento del citado plan de saneamiento.

SEGUNDA.- No hay a lo largo de todo el expediente de presupuestos una mínima justificación de todos los ingresos (los más significativos por su importancia económica) que no estén sometidos a un padrón. Así, no hay ninguna justificación de su racionalidad de los ingresos del capítulo 4. Se vulnera así el articulo 168.1.e que exige se den las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, que no aparecen en ningún informe que acompañan al presupuesto.

TERCERA.- Como viene siendo habitual, todos los ingresos provenientes de censos fiscales, tales como los impuestos directos, se consideran en su totalidad, sin considerar que despeas una parte nada despreciable deviene en ingresos imposibles.  Basta ver la Base de Ejecución 48, que ya dentro del periodo de  un año el 10% de los ingresos no ejecutados se consideran de difícil cobro. Esto hace que estos presupuestos nazcan desequilibrados, sino numérica, sí técnicamente. Una intervención racional, debería ya prever en los importes de ingresos esa salvedad.

CUARTA.- En el informe de intervención se observa también la falta del requisito legal de manifestación por parte de la persona que tiene la responsabilidad de intervención si a esa legislación se le da cumplimiento en el expediente de proyecto de presupuesto presentado e inicialmente aprobado. Se pide se manifieste tal y como lo exige la legislación.

QUINTA.- Este expediente de presupuestos para el ejercicio 2014 vulnera el artículo 168.1.a que exige que en la memoria se indiquen las principales modificaciones respecto al presupuesto corriente. No hay nada que se parezca a esto.

SEXTA.- La Base 30, donde se estipulan las percepciones de los miembros de la Corporación, establece de forma no ajustada a la realidad la forma de atribución de cantidades a sus miembros.
Por un lado atribuye mismo sueldo y/o percepciones a la señora alcaldesa y a la primera teniente de alcalde, atribuyendo a ésta el doble de percepción que a cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno o tenientes de alcalde. No parece que las atribuciones de unos y otros se correspondan con esta percepción de 4.085 euros por paga, 14 pagas al año.
Por otro lado se define de forma totalmente imprecisa las circunstancias de percepción de dietas y en algunos casos vulnerando el artículo 97.2 del Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social. Efectivamente, los concejales que tiene dedicación total según la anterior norma así como los que tengan dedicación parcial según el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, deben darse de alta en el régimen general de la Seguridad Social. La alternativa de dietas no solo imposibilita, en algunos casos, esta alta sino que además, tal y como está planteada, es una clara vulneración de estas leyes. Por consiguiente se puede afirmar con total tranquilidad que esta base 30 es, en los aspectos citados, totalmente ilegal y supone una estafa a la Seguridad Social.
Por otro lado se debe decir que la percepción de un salario fijo mensual y su dada de alta en la seguridad social se debe corresponder con el ejercicio de una jornada normal/parcial pero sistemática. Se podría estar dando el caso de que concejales que cobran bajo la modalidad de sueldo viene muy esporádicamente pro el ayuntamiento.
También se debe especificar de forma clara, sin dejar cabida a posibles interpretaciones, ni aplicación arbitraria y caprichosa, las circunstancias en las que se debe cobrar dieta. Según la redacción que se da para el ejercicio 2013. Se está observando que de forma sistemática todos los miembros del Equipo de Gobierno asisten a la Junta de Gobierno aunque no sea miembro de ésta. Esta asistencia, de forma sistemática, trasluce la posibilidad de que de forma arbitraria estén asistiendo a las reuniones de la Junta de Gobierno, sin que ello fuese necesario, con el único objetivo de dar la posibilidad del cobro de dietas. Se ha de decir a favor de lo manifestado que en la anterior legislatura esta asistencia no se daba de forma sistemática o habitual. Se estaría con esta práctica realizando una clara malversación de fondos públicos.
Por otro lado en la citada base 30 se hace referencia a sueldos brutos y sueldos netos, lo cual es obvio que da cabida a interpretaciones engañosas, lo que a toda costa debe evitarse.

SÉPTIMA.- A lo largo del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012 no aparece ni una sola previsión de crédito, ni de ingreso, relacionado con la función de distribución del agua domiciliaria que los artículos 25, 26 y 86 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, atribuye, en todo caso, a la competencia del ente local. En el presupuesto presentado no hay ninguna previsión de ingresos por este concepto.  Se podría estar dando el supuesto prohibido por la Ley de Haciendas Locales en su artículo 165.3  que prohíbe de forma expresa la compensación de ingresos por créditos de gastos.

OCTAVA.- El programa de servicios básicos “161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua” esta insuficientemente dotado. Es una evidencia que las Urbanizaciones tienen que dedicar presupuesto aparte para atender a estos servicios básicos

NOVENA.- En la partida 338.48900 “Subvención Festejos Taurinos” se prevé un crédito de 100.000 euros para el pago de la organización de las ferias taurinas encomendadas  y contratadas con EDISAN por un importe económico de 78.131,57 euros, IVA incluido. Se observa que se realiza una previsión muy por encima de los compromisos que para el Ayuntamiento supone la firma del contrato administrativo con la firma EDISAN en relación a la organización de las ferias taurinas de San Blas y septiembre. Se debe ajustar estas cantidades a las cantidades contractuales ya que modificaciones posteriores realizadas en plenos, incluso vía mociones, no están sujetas a derecho, resultando una vulneración de las bases del concurso y de la propia Ley de Contratos de la Administración Pública.
Sin perjuicio de lo manifestado en el párrafo anterior, por otro lado se debe manifestar que es improcedente la utilización de una partida dentro del “capitulo 4 – transferencias corrientes”, para incluir créditos para una partida que está soportada por la vía de la relación contractual. También se debe decir que realizarlo por la vía de transferencia se vulnera la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto del Valor Añadido y casi con toda seguridad la ley de subvenciones.

DECIMA.- En el anexo de endeudamiento no se incluye todo el que tiene el Ayuntamiento. Falta el endeudamiento de proveedores provenientes de ejercicios ya cerrados,  así como los ingresos indebidos provenientes a los convenios de planeamiento del sector Prado Colladillo-Las Portaleras y los incluidos en los AA1 y AA2. Especialmente sobre el convenio del sector Prado Colladillo-Las Portaleras se debe significar que, según cláusula UNDECIMA, el plazo para que el Ayuntamiento cumpla con sus compromisos termina el 30 de enero del 2011. Según estas circunstancias el Ayuntamiento debe prever la devolución de las cantidades ingresadas por el promotor sin perjuicio de que por otro lado el convenio pueda ser declarado fuera de normativa.
En este sentido se le recuerda al señor interventor accidental su informe favorable a la compensación de la deuda tributaria, pedida por los propietarios de las ue10, ue11, ue12 y ue13, con la deuda que el ayuntamiento tiene con ellos debidos a ingresos económicos realizados indebidamente con ocasión de los convenios urbanísticos que jamás fueron aprobados y que devinieron fuera de norma.
Igualmente se le recuerda al señor interventor la sentencia 940/2013, de 14.06.2013, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarando improcedentes las monetizaciones y consecuentemente los ingresos de las citadas unidades de ejecución.

UNDECIMA.- No se observa partida presupuestaria para hacer frente a la devolución de la devolución acorde con la sentencia indicada, lo que vulnera de forma clara y evidente el principio de prudencia económica que debe presidir todo presupuesto público. Se trata de importes muy significativos, 1.481.828,71 EUROS  de los que habría que deducir los importes compensados. 

DUODECIMA.- En el anexo de personal se aprecia que los niveles de los puestos de trabajo que se asignan a los funcionarios varían entre el nivel 12 dado a operario o administrativo y el nivel 30 asignado a los funcionarios de habilitación estatal.
Analizados estos niveles se ve una descoordinación entre lo establecido en normas estatales donde se fijan importes para los diferentes niveles y diferentes conceptos retribuidos. Según los niveles que se proponen al pleno para su aprobación, el puesto de secretario, el de intervención y el de tesorería estarían equiparados, se cita a título de ejemplo, a un Director General de la Administración General del Estado. El resultado de esta comparación hace pensar que los niveles retribuidos están asignados con una falta total de objetividad y desde luego con una falta total de equidad con el resto de funcionarios públicos ya que se estarían asignado niveles más altos en este Ayuntamiento  que a otros funcionarios en otras administraciones con más responsabilidad, tanto en puesto como en desempeño. Se pide por tanto se revise los niveles asignados a los funcionarios.
Incluso dentro del mismo grupo o clase C1, y misma función, administrativo, hay diferentes niveles retribuidos en el complemento específico. Debe realizarse de forma urgente la valoración de los distintos puestos de trabajo y en función de esa valoración realizar la asignación de nivel. La falta de esa valoración significa no solo la existencia de una falta total de objetividad y por consiguiente la posibilidad de existencia de casos de arbitrariedad.

DECIMOTERCERA.- De forma general, en los diferentes niveles del grupo A, y en algunos del grupo C, en relación al “complemento especifico”, se puede constatar, un incumplimiento y vulneración de lo estipulado en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, que fija los límites máximos para este complemento.

DECIMOCUARTA.- En cualquier caso en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2014 no se define en ninguno de sus anexos la masa salarial disponible para la asignación a complemento específico lo que supone una vulneración del artículo 4 del Real Decreto citado en sus apartados 2 y 4.  Se debe por tanto especificar en el proyecto de presupuesto cual  es el montante de esa masa retributiva global disponible para los complementos específicos. La falta de este dato no se suple con la idea de que cada uno de los puestos tiene asignada su masa retributiva. Es necesario pues especificar de forma expresa esa cifra de MASA RETRIBUTIVA GLOBAL, tal y como se determina en el citado Real Decreto 861/1986.
De los datos presupuestarios se deduce que el montante económico del complemento específico es del orden del 115 % cuando la norma lo limita al 75 %.

DECIMOQUINTA.- Se puede observar que la partida presupuestaria de ingresos “391.00 Multas por infracciones urbanísticas” está dotada con un importe de 25.000 euros.
Según determina el artículo 234 de la ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo en la Comunidad de Madrid, el importe de las multas urbanísticas se debe destinar al Patrimonio Público del Suelo. No se observa en el anexo de inversiones incluido en este proyecto de presupuesto que lo anterior se cumpla. Tampoco se observa, en ningún sitio, que este importe debe estar afectado a destino específico lo cual hace que de forma general quede disponible para cualquier gasto general.
Se debe corregir esta deficiencia, salvo que de forma expresa e intencionada se pretenda vulnerar lo estipulado en la citada ley.

DECIMOSEXTA.- Más del 50 % de la población vive en zonas donde no se recibe el servicio básico de alumbrado público. El Ayuntamiento sí se hace cargo de los costes del suministro de energía eléctrica pero no así del mantenimiento de las redes de alumbrado, que esos vecinos deben financiar con cuotas extras adicionales, convirtiéndose estas cuotas en auténticos impuestos recaudados por ente no autorizado y sin la cobertura de la correspondiente ordenanza municipal. Se deduce por tanto que el programa “165- alumbrado público”, estaría insuficientemente dotado, para que el Ayuntamiento haga frente a las obligaciones que la ley 7/1985 impone a todos los municipios. Ver artículos 25 y 26 de la citada. Se recuerda también que el artículo 136 de la ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la obligación de financiar, en estos casos, a las Entidades Urbanísticas de Conservación, financiación ésta que no se observa en ningún programa de gastos.

DECIMOSEPTIMA.- El programa de gastos “132 Seguridad y orden público”, está dotado con créditos por un valor total de 1.844.751 €, cantidad lo suficientemente elevada como para parecer totalmente suficiente. Sin embargo de todos es sabido que varias zonas urbanas dispersas, urbanizaciones, tienen contratado un servicio adicional de vigilancia que ellos financian. Todo parece indicar que o el servicio recogido en el programa 132 es insuficientemente, o que éste está muy mal gestionado lo que puede ser más que evidente dada la estructura de mando que sobre 36 personas se establece. Lo que no debe quedar ninguna duda es que el servicio de seguridad del Ayuntamiento y el privado coexisten en el mismo espacio público, por otro lado permitido por el Ayuntamiento, lo que deja todo tipo de dudas dadas las circunstancias de ser un servicio básico obligado a prestar por el Ayuntamiento, según determina los artículos 25 y 26 de la ley 7/1985.

DECIMOOCTAVA.- Respecto al programa “155 Vías públicas”  dotado con unos créditos que ascienden a 205.000 € y donde se entiende están incluidas las funciones de limpieza viaria y jardinería se manifiesta totalmente insuficiente dado que estas funciones no se realizan en la mayor parte del suelo urbano debiendo ser realizadas con recursos adicionales por  partes de los vecinos de las urbanizaciones sin que estas funciones se vean subvencionadas por parte de las arcas municipales, como es preceptivo.
Se manifiesta por tanto que el programa 155 esta deficientemente dotado para que el Ayuntamiento haga frente a una de las obligaciones que la Ley 7/1985 establece como preceptiva, en todo caso, a los Ayuntamientos. Ver artículos 25 y 26 de la citada ley.

DECIMONOVENA.- En la actualidad en una parte importante del municipio, la realidad es que  los vecinos tienen que realizar funciones complementarias en la recogida de residuos sólidos urbanos. Se tienen que limpiar los sitios reservados para los contenedores de recogida de los residuos sólidos urbanos porque el Ayuntamiento no cubre esos servicios que como en casos anteriores son de obligado suministro por el Ayuntamiento. Por consiguiente se debe entender que el programa “162  Recogida, eliminación y tratamiento de residuos”, está insuficientemente dotado.

VIGESIMA.- No debe confundirse, como todo parece indicar que se hace, la obligación que el Ayuntamiento tiene, según el artículo 136 de la Ley del suelo, de subvencionar las actividades reconocidas en los estatutos de las Entidades de Conservación, con la referencia que se hace a estas entidades en el programa de gastos “350 Entidades urbanísticas”. Por consiguiente los créditos incluidos en este programa no deben relacionarse de ninguna forma con esa obligación que en cualquier caso deberían estar incluidos en el Área de Gastos 1. Si se pretende con este programa cumplir la exigencia del artículo 136 de la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, y conocidos los presupuestos de la mayor parte de las entidades es clara la insuficiencia de su dotación.

VIGÉSIMOPRIMERA.- De todos es sabido sobre la existencia de un número considerable de urbanizaciones que están funcionando bajo la cobertura legal de Entidades de Conservación, que realizan funciones de básicas, ya referidas a lo largo de estas alegaciones, y consideradas en la ley 7/1985 como de prestación obligatoria por el Ayuntamiento.
Sabido es que según el artículo 136 de la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en esos supuestos el Ayuntamiento debe subvencionar a las Entidades de Conservación.
Sabido es que el Reglamento de Gestión Urbanista considera a estas entidades con el carácter de administrativas dependientes de la administración actuante, el Ayuntamiento.
En base a lo anterior debería entenderse que el presupuesto municipal debería incluir no solo el presupuesto del propio Ayuntamiento sino de todos los organismos que de él dependen como son, en este caso, las Entidades de Conservación. Solo así se tendría una imagen real de los costes de todos los servicios básicos que entre uno y otros prestan a los vecinos de Valdemorillo.
Según todo lo anterior los presupuestos que ahora se alegan tienen un problema con dos posibles enfoques: Por un lado la falta de subvención de las Entidades de Conservación, cuestión que puntualmente se ha recogido en los distintos servicios que se consideran deficientemente dotados. Por otro la no inclusión de los presupuestos que cada una de ellas tenga en este mismo expediente de presupuesto municipal.

Por todo lo anterior expuesto y alegado, a ese Pleno de la Corporación se

S O L I C I T A:

Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones contra la aprobación inicial del proyecto de presupuesto del ejercicio 2013, realizada en el Pleno que la Corporación celebró el pasado diez de octubre y como tal sean discutidas y en merito a los razonamientos y motivaciones que se exponen, aceptadas y por tanto se solicita de forma expresa que el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2014 y que obra en el expediente, sea devuelto a la señora Presidenta al objeto de su revisión para que este presupuesto sea sometido a los principios y requisitos presupuestarios establecidos en la legislación vigente.

Todo lo cual lo dice en Valdemorillo, a dieciocho de noviembre de dos mil trece.

M21

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